Defensoría del Pueblo anuncia retiro de proyecto auspiciado por la Unión Europea, que otorgó 7 millones de euros para documentar a peruanos pobres, pues el Congreso no aprobó la contrapartida que ascendía a sólo S/. 1’643,760.

La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, envió hoy una carta  al Embajador y Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en el Perú, Antonio Cardoso Motta, para darle a conocer que la institución se ve obligada a retirarse del Proyecto «Identidad y Ciudadanía». Esta decisión fue adoptada después de que el Pleno del Congreso aprobó el Presupuesto 2009 sin considerar la demanda adicional pedida por la Defensoría del Pueblo como contrapartida para este proyecto.

Con el funcionamiento de este programa se iba a beneficiar a 170 mil personas de las 14 regiones más pobres del país, mediante la entrega de DNI a los indocumentados y de partidas de nacimiento a los niños, además de capacitarlos en el ejercicio de la ciudadanía, sobre todo de los derechos a la educación, la salud, la participación y el control ciudadano. Las regiones beneficiadas eran: Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco,  Huancavelica, Huánuco, Junín, Loreto Pasco, Piura, Puno, San Martín y Ucayali.

El referido programa es un proyecto de inclusión social de la población más vulnerable que se iba a ejecutar gracias a un Convenio suscrito por el Gobierno del Perú, el 27 de octubre del año en curso -representado por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)- y la Unión Europea. Asimismo, su implementación se realizaría conjuntamente con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

Al no otorgarse la contrapartida y no crearse la Unidad Ejecutora se van a perder siete millones de euros destinados a procesar la documentación de 90,000 adultos y 30,000 niños, así como fortalecer el ejercicio de los derechos ciudadanos de 170,000 personas de las zonas más pobres y excluidas del país.

En la carta dirigida el Embajador Cardoso, la titular de la Defensoría del Pueblo, reiteró su reconocimiento a la Comisión Europea por la confianza depositada en su institución y expresó su invariable y firme compromiso de continuar trabajando a favor de la protección de los derechos fundamentales, particularmente el derecho a la identidad de los ciudadanos.

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