Declaración de la CNDDHH
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresa su profundo pesar por la muerte de 21 personas en uno más de los terribles accidentes que tan frecuentes y habituales se han vuelto en las pistas y carreteras de nuestro país, a causa de la negligencia generalizada de las autoridades del estado y las empresas de transporte. Esta vez fue la caída de un ómnibus de la empresa Móvil Tours a un abismo situado a la altura del kilómetro 48 de la carretera Fernando Belaunde, en Jaén (Cajamarca), por falla de los frenos y la dirección, muestra de la inadmisible precariedad técnica de los vehículos usados en el transporte público.
Entre todos los países vecinos, el Perú tiene el más alto índice de accidentes de tránsito. En los tres primeros meses de este año, la Policía Nacional ya reporta 168 personas fallecidas y 1,478 personas heridas por esta causa. La proyección indica que este año la cifra de víctimas bordeará el millar de personas fallecidas. Los daños causados por estos accidentes ascienden a mil millones de dólares al año: aproximadamente el 1,5 a 2% del Producto Bruto Interno. Son cifras aterradoras e indignantes que, por su magnitud, podrían corresponder a un conflicto armado.
Lo peor es que estos accidentes de tránsito tan frecuentes se producen por causas que todos sabemos evitables, porque son el resultado de años de informalidad tolerada y aun alentada por las autoridades, que han convertido el transporte público en una actividad económica cuya rentabilidad, en gran medida y en buena cuenta, se basa en el maltrato al pasajero, al que se somete a las peores condiciones que cabe imaginar, entre las cuales ya resulta cosa de cada día la exposición al peligro. Esa situación constituye en su conjunto un flagrante atentado contra la vida, a cuya responsabilidad no pueden sustraerse las autoridades.
Pero también es urgente que las autoridades asuman su responsabilidad y su rol, estableciendo una política de seguridad vial que contrarreste la informalidad y haciendo respetar las normas. Exigimos que el Gobierno dé a este tema la prioridad que corresponde, ya que la vida de las peruanas y peruanos no puede seguir exponiéndose cont tal derroche de negligencia e incompetencia.
Por otro lado, es obligación de toda la ciudadanía comprometerse con este problema y ser parte de la solución. Por lo cual es urgente trabajar, todos juntos, en la creación de una cultura de responsabilidad cívica que incluya y empiece por el respeto a las normas de seguridad vial. La seguridad vial refleja el modo como la gente asume la vida cívica. La permisividad con el chofer irresponsable que nos transporta de cualquier manera, poniendo en riesgo nuestras vidas, es homologable a la permisividad para con el gobernante “que roba, pero hace obra”. Seamos exigentes con el respeto a la ley y con las obligaciones que deben cumplir quienes tienen responsabilidad ante los ciudadanos a todo nivel. Esto incluye, y tal vez empieza, por exigirlo en las pistas.
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos