1.- Desde iniciada la violencia terrorista de Sendero Luminoso y el MRTA los organismos de derechos humanos rechazamos y condenamos todas sus acciones criminales.
2.- En esos años, las iglesias y diversos organismos de la sociedad civil recibieron denuncias por detenciones ilegales y torturas aplicadas por las fuerzas del orden. En la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos documentamos centenares de casos a nivel nacional, que evidenciaron que esas prácticas fueron sistemáticas y que se basaron en la autoinculpación, el uso de la violencia y la sindicación a terceros contra quienes participaron en actividades sindicales, vecinales, luchas estudiantiles, por identificase con posiciones de izquierda o incluso, por leer determinada literatura.
3.- Hoy, nos preocupa que en la polarización política que vivimos, se introduzcan mensajes que pretenden desconocer derechos y principios constitucionalmente reconocidos, como los referidos al derecho al honor y la buena reputación de las personas; al legítimo derecho a sindicalización; la ausencia de valor de las declaraciones obtenidas por la violencia y la firmeza de las resoluciones judiciales.
4.- Esta situación no solo afecta la legitimidad del sistema de justicia sino de la democracia misma. Además, pone en riesgo el honor de miles de inocentes que sufrieron violaciones a sus derechos humanos, así como la dignidad de víctimas y familiares que dedicaron su vida a la búsqueda de justicia, verdad, memoria histórica y lucha contra el negacionismo.
5.- Hoy, todas estas personas pueden enfrentar situaciones de persecución, estigma y cancelación de su condición de personas dignas, lo que nos aleja de nuestra apuesta por la justicia transformativa y los cambios estructurales.
Por estas razones, recordamos que todas las personas, instituciones y autoridades políticas están obligadas a respetar los derechos y principios constitucionales.
Lima, 13 de octubre de 2021
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos