PRONUNCIAMIENTO #8M
“CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA Y NEOLIBERAL”
QUIENES SOMOS:
Este 8 de marzo conmemoramos la lucha histórica de los derechos de las mujeres en su diversidad: niñas, adolescentes, mujeres, adultas mayores y disidencias, trabajadoras del hogar, mujeres cuidadoras no remuneradas, ambulantes, sindicalistas, campesinas, estudiantes, lideresas de Ollas Comunes y Comedores Populares, trabajadoras sexuales, acompañantes en procesos de aborto; afrodescendientes, indígenas andinas y amazónicas, migrantes, racializadas; con discapacidades, neurodivergentes, que viven con alguna enfermedad de riesgo; lesbianas, trans, bisexuales, no binaries; defensorxs de cuerpos y territorios autónomos; familiares de víctimas de feminicidios, transfeminicidios, crímenes de odio, desapariciones forzadas y sobrevivientes al conflicto armado y más.
QUE DECIMOS:
Denunciamos este sistema capitalista, neoliberal y extractivista que se sostiene del trabajo de cuidado no remunerado, que recae en miles de mujeres y de la flexibilización de los derechos laborales. Un sistema en el que mujeres indígenas, con discapacidad, lesbianas y personas con diversas identidades de género, entre otras, sufren permanente discriminación laboral, precarizando más sus vidas.
Más del 20% del PBI corresponde a ese trabajo gratuito de las mujeres en casa. El 30% del país no cubre con sus ingresos la canasta básica de alimentación y la informalidad del trabajo llega al 80% de los peruanos. De cada 10 mujeres, 8 realizan trabajo informal, mientras que las mujeres con discapacidad, 8 de cada 10 no trabajan ni buscan trabajo. El 57.3% de las mujeres tienen empleos vulnerables, entre ellos, los empleos temporales; el 59% no puede trabajar por ocuparse de su hogar. Las mujeres indígenas ganan 50% menos que las mujeres blancas o mestizas, y las afroperuanas sólo el 57%.
Denunciamos que los grupos de poder económico, político y religioso generan crisis política para privilegiar sus intereses particulares. Han capturado la institucionalidad estatal con sus redes de corrupción, mafias, pactos y negociados. La concentración de medios de comunicación, desinforma y responde a intereses económicos, difamando y terruqueando a quienes defienden los derechos humanos y de la naturaleza.
Exigimos un gabinete calificado, anticorrupción y paritario. Tener una compañera feminista en el cargo de ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, no es suficiente para conformar un gabinete que garantice e impulse la política nacional de igualdad de género en todo el aparato estatal, libre de agresores, cuestionamientos por corrupción y funcionarios/as sin antecedentes de vulneración de derechos.
POR ELLO, DEMANDAMOS:
- Garantizar condiciones laborales dignas, remuneraciones justas y respeto de los derechos laborales, entre ellos, la estabilidad laboral, el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Rechazamos la represión y criminalización por exigir dichos derechos.
- Reconocer el trabajo doméstico como trabajo y respetar los derechos laborales de las mujeres que maternan.
- Aprobar e implementar el Sistema Nacional de Cuidados, incorporando los aportes de la sociedad civil. Así como disponer de lactarios y guarderías que permitan desarrollo laboral e integral.
- Asegurar una educación de calidad, inclusiva, con igualdad a niñas y adolescentes, que les garantice oportunidades de empleo, educación sexual integral y autonomía reproductiva.
- Prevenir y sancionar el acoso, violencia, hostigamiento y discriminación en todas sus formas en los centros laborales y educativos.
- Reglamentar la Ley 31155, Ley que previene y sanciona el acoso político contra mujeres en la vida política.
- Impulsar el cumplimiento del Convenio 190- OIT y ejecutar la implementación del Plan de Acción para el cumplimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar 2019-2021 en el marco del Convenio 189-OIT.
- Erradicar la intermediación y tercerización laboral de los servicios de limpieza pública. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, así como alcaldes y gobernadores regionales incumplen la Ley Nro.31254, vulnerando los derechos de las obreras de limpieza, como las del Sindicato Sitobur.
- Sancionar a los padres que incumplan con el pago de las pensiones alimenticias.
- Acelerar en los procesos de nacionalización de mujeres madres migrantes sobrevivientes de violencia, con hijos de padres peruanos.
- Combatir y erradicar la criminalización y represión contra las trabajadoras sexuales. Eliminar la trata y la explotación sexual de niñas y mujeres. Desarticular bandas criminales de proxenetas, traficantes, extorsionadores, sicarios, malos policías, fiscales y jueces.
- Dar reparación integral a las sobrevivientes de esterilizaciones forzadas, juzgado ad hoc y ampliar la extradición de Fujimori para que sea condenado por las esterilizaciones forzadas.
- Implementar el programa de reparaciones para mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno.
- Asegurar una gestión de la Ley Nº30364 con celeridad procesal, no revictimización, investigación eficiente y sanciones justas para evitar la impunidad por violencia, desaparición y/o feminicidio. Cumplir con la Estrategia Nacional de Prevención.
- Asignar de forma suficiente, eficiente y urgente recursos públicos para ollas comunes, mejorar la atención en SIS, sobre todo en tratamientos para personas viviendo con VIH – SIDA, para la prevención frente a la discriminación por identidad, orientación y expresión de género.
- Convocar a la Asamblea Constituyente, a no solo partidos políticos, para garantizar la vigencia de los cambios esperados e históricamente postergados.
¡Por nuestras vidas y nuestros derechos!
Firman este pronunciamiento: 160 organizaciones, agrupaciones, colectivas, sindicatos, etc., y 193 activistas independientes.