(Foto: Presidencia)

Pronunciamiento del Grupo de Movilidad Humana de la CNDDHH

Desde el Grupo de Movilidad Humana de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos rechazamos discurso de la presidenta Dina Boluarte, y la generalización con la que instala un discurso donde deja a entrever que el problema de la inseguridad ciudadana tiene su causa en la presencia de personas extranjeras, alimenta una narrativa xenófoba y de odio hacia personas de nacionalidad venezolana que residen en territorio peruano.

El mensaje que da la presidenta favorece un discurso de estigmatización en contra de personas de nacionalidad venezolana que a la fecha residen en territorio peruano generando un impacto negativo en la vida de estas, ya que la mayor parte se encuentra trabajando, desarrollándose y aportando significativamente al Perú. Este tipo de narrativas generan zozobra y la construcción de una imagen negativa en la población en muchos casos.

Respecto a los pedidos de la presidencia de formalización laboral solicitando contratos laborales y además contratos de alquiler, estos devienen en una propuesta muy desafiante, siendo que el Perú es un país cuya economía se encuentra en más del 70% dentro de la informalidad[1]. Dichos requisitos se vuelven de imposible cumplimiento para los propios ciudadanos/as peruanos/as y con mucho mayor dificultad para personas en movilidad humana que residen en el Perú.

Es necesario recordar que en la actualidad no existen mecanismos simplificados para la regularización migratoria ni tampoco mecanismos adecuados que alienten la formalización del empleo. La última situación aqueja a todas las personas que residen en territorio peruano, independientemente de su nacionalidad.

Puntualizamos y recordamos lo señalado por la CIDH que ha sostenido que en Venezuela existen masivas y graves violaciones de DDHH y aunado a lo señalado por el Estado peruano, esto coloca a las personas de esta nacionalidad en una situación de extrema vulnerabilidad y sujetos pasibles de la protección internacional, ya sea por la Convención sobre el Estatuto de los refugiados como por la definición ampliada por la Declaración de Cartagena, la misma que el estado peruano ha incorporado a su legislación interna. Por lo tanto, toda persona de nacionalidad venezolana, desplazada de manera forzosa fuera de su territorio, es una persona que vive en una situación extrema de vulnerabilidad y continuar con estos discursos que alimentan narrativas de odio y xenofobia, únicamente agrava la situación de extrema vulnerabilidad que atraviesan todos los venezolanos que se encuentran en territorio peruano.

Condenamos y rechazamos todo discurso que promueva el odio y la xenofobia puesto que son violatorios de los estándares de Derechos Humanos y los derechos fundamentales que asisten a todas las personas dentro de territorio peruano.

Lima, 28 de octubre de 2024


[1] MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. 2024. Informe Trimestral del Mercado Laboral – Situación del Empleo, 2024 Trimestre I.