La solicitud de delegación de facultades legislativas presentada por el Poder Ejecutivo contempla una propuesta de modificación del Decreto Legislativo N.º 1095, que establece las reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, con la finalidad de permitir que organizaciones criminales sean calificadas como grupos hostiles.
Según el análisis de Carlos Rivera, abogado del Grupo Jurídico de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la propuesta aprobada por la Comisión de Constitución del Senado plantea criterios que ya se encuentran contemplados en la normativa vigente, como el nivel de organización y mando, la capacidad de enfrentar prolongadamente al Estado mediante armas de fuego o explosivos y el control territorial.
El problema es que la modificación permitiría calificar como grupos hostiles a organizaciones criminales sin que sus acciones armadas necesariamente reúnan los criterios establecidos por el derecho internacional humanitario para dicha calificación.
Esta calificación tiene consecuencias importantes: activa la intervención de las Fuerzas Armadas mediante operaciones militares, bajo un esquema en el que estas asumen el control del orden interno y la Policía Nacional queda subordinada a las decisiones militares.
Una contradicción en la propuesta
La iniciativa también presenta una contradicción, pues señala que su finalidad es permitir que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional, cuando la normativa vigente distingue dos ámbitos de intervención: las operaciones militares frente a grupos hostiles y las acciones militares en otras situaciones de violencia.
En este último escenario, que contempla intervenciones frente al tráfico de drogas, terrorismo, minería ilegal y otros casos constitucionalmente justificados, las Fuerzas Armadas actúan en apoyo de la Policía Nacional, que mantiene el control del orden interno.
Por ello, frente a organizaciones dedicadas a actividades delictivas graves, correspondería la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional bajo el supuesto de otras situaciones de violencia, sin necesidad de calificarlas como grupos hostiles.
El riesgo de una respuesta militarizada
La propuesta busca proyectar una imagen de «mano dura» frente a las organizaciones criminales. Sin embargo, su principal consecuencia sería trasladar a las Fuerzas Armadas la conducción de las operaciones contra el crimen, colocando a la Policía Nacional en una posición institucional subordinada.
Como advierte el análisis, esta modificación terminaría fortaleciendo una propuesta militarista y una abdicación de la autoridad democrática.
