PRONUNCIAMIENTO
A propósito del Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural, el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas (GTPPII) de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresa lo siguiente:
El racismo no es opinión política, es un delito. Como lo señaló la CNDDHH, son inadmisibles las expresiones racistas y discriminatorias difundidas en espacios de comunicación y redes sociales contra la población del Cusco tras las elecciones del 4 de octubre. Saludamos que el Gobierno Regional y el Colegio de Abogados del Cusco y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales hayan rechazado estos discursos y presentado las denuncias correspondientes.
Desde nuestro grupo de trabajo advertimos que no son hechos aislados. Cada vez que el sur andino expresa una opción electoral distinta a la de Lima, reaparecen discursos racistas y discriminatorios que pretenden deslegitimar su voto.
Esta actitud responde a una lógica colonial que, durante más de cinco siglos, ha negado a los pueblos indígenas, andinos y amazónicos su condición de sujetos políticos con plenos derechos. Construir una sociedad democrática, diversa e intercultural exige reconocer, valorar y respetar a los pueblos indígenas, sus identidades y sus decisiones.
El fuego y la sed tienen rostro indígena. El fenómeno de El Niño no sólo puede provocar inundaciones en el norte del país, sino también agravar las sequías y favorecer condiciones propicias para incendios forestales en otras regiones. Al 13 de octubre, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) reportó 56 incendios activos en 14 regiones.
Según el Gobierno Regional del Cusco, al 14 de octubre se habían registrado 340 incendios forestales en lo que va del año, con más de 11 350 hectáreas afectadas y seis personas fallecidas. Siete incendios siguen permanecían activos en Anta, La Convención, Chumbivilcas y Quispicanchi. En Satipo, las comunidades asháninkas enfrentan, desde el 4 de octubre, un incendio de gran magnitud.
La escasez de agua afecta especialmente a las poblaciones rurales y, entre de ellas, a los pueblos indígenas, cuya subsistencia, actividades productivas y medios de vida dependen directamente del territorio, el agua y los ecosistemas. La respuesta del Estado sigue siendo tardía e insuficiente.
Las economías ilegales avanzan, y los defensores de los territorios son asesinados. La minería ilegal, la tala ilegal y el narcotráfico se expanden sobre territorios indígenas y generan violencia, desplazamiento y amenazas contra quienes los defienden.
En los últimos diez años, 45 personas defensoras del ambiente fueron asesinadas en el Perú; 31 de ellas eran indígenas, casi todas procedentes de la Amazonía. De los 40 casos judicializados, solo cinco llegaron a una sentencia condenatoria.
La falta de una respuesta efectiva del Estado frente a esta violencia refleja una grave ausencia de voluntad política. Las consecuencias de esta inacción recaen directamente sobre las comunidades indígenas, sus dirigentes y quienes defienden sus derechos y territorios.
Una victoria que celebramos. Saludamos a la Comunidad Campesina Túpac Amaru II de Chiñama, en Cañaris (Lambayeque), que tras casi una década de lucha logró que la Sala Civil del Poder Judicial de Lambayeque ordenara restituir su personería jurídica y sus tierras comunales.
Este fallo reafirma un principio fundamental lo que los pueblos indígenas han defendido históricamente: que su existencia y sus derechos no depende de un registro administrativo.
Por todo ello, exigimos al Estado acciones concretas y efectivas, que garanticen el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos; así como, la protección de sus territorios, sus vidas, sus culturas y sus formas de organización.
Son los pueblos indígenas quienes, a pesar de las amenazas y la violencia, continúan defendiendo los bosques, las fuentes de agua y los ecosistemas de los que depende la vida de todos.
En esta fecha significativa reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas y con la construcción de un país democrático, intercultural y libre de racismo, que reconozca sus derechos, respete sus decisiones y garantice su participación efectiva en los procesos de toma de decisiones que los afecten.
GRUPO DE TRABAJO SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS DE LA CNDDHH
