Denunciamos que la decisión del Congreso de la República genera un grave precedente para la justicia en nuestro país. Que las decisiones jurisdiccionales de los altos operadores de justicia (Corte Suprema, Fiscalías Supremas), puedan ser evaluadas en sede política como es el Congreso, agrede la actual Constitución, la autonomía del Ministerio Público, así como, el principio de equilibrio de poderes y afecta abusivamente la democracia. Esta situación genera indefensión para toda la ciudadanía y afecta los derechos de todas y todos.
Las instancias internacionales ya se han manifestado alertando al Congreso que “las garantías para salvaguardar la independencia judicial no sólo cobijan a jueces sino también a fiscales. Los Estados les deben dotar de estabilidad en sus cargos como una consecuencia del rol fundamental que desempeñan en el acceso a la justicia» (CIDH).
Llamamos a la ciudadanía a pronunciarse y movilizarse en defensa de la independencia del sistema judicial y la democracia.
Lima 22 de junio 2022
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