La solicitud de facultades legislativas delegadas planteada por el gobierno de Keiko Fujimori pretende modificar las leyes de áreas naturales protegidas (ANP) y de reservas indígenas para hacer posible la explotación petrolera, pudiendo abrir las puertas a otras actividades extractivas. Esto revela el desconocimiento de su valor estratégico, de la importancia que tienen en particular para los Pueblos Indígenas y originarios y del deber del Estado de preservarlas.
1.- Las ANP son patrimonio natural del Perú y garantía para la vida
- Las ANP son espacios de alta biodiversidad, fundamentales para nuestra seguridad hídrica, climática y alimentaria.
- Son ecosistemas conservados, en gran parte por los pueblos indígenas u originarios, que absorben grandes cantidades de carbono y regulan el clima.
- Tienen abundante vegetación que posibilita la captación, almacenamiento y provisión de agua. Su desaparición podría agudizar los problemas de escasez y estrés hídrico.
- La diversidad de flora y fauna permite la supervivencia de los ecosistemas, ya que en ella existen especies que cumplen los mismos roles, por lo que, si una desaparece, otra la pueda remplazar, sin ocasionar cambios drásticos.
- Son verdaderas bibliotecas genéticas, que permiten la conservación y renovación de las especies.
- Reducen los impactos de las inundaciones, deslizamientos y otros eventos climáticos extremos.
- Proveen de recursos biológicos esenciales para alimentación, la medicina, la cosmética y otros fines.
2.- La explotación petrolera y los riesgos que no podemos evitar
Algunos piensan que es posible la co-existencia de las ANP, las explotaciones petroleras y otras actividades extractivas, sin graves consecuencias. Sin embargo, las ANP son ecosistemas frágiles que pueden ser fácilmente afectados. Un derrame de petróleo puede contaminar suelos y cuerpos de agua, produciendo daños difíciles, cuando no imposibles, de revertir.
La construcción de carreteras, pozos, campamentos fragmentan los ecosistemas y los ruidos ahuyentan a los animales. Además, los pueblos indígenas u originarios pierden el control sobre su territorio y suelen sufrir de crisis alimentaria; así como de fenómenos inflacionarios que generan mayor pobreza.
3.- El falso argumento del “sacrificio necesario”
Otros piensan que explotar las ANP es un sacrificio necesario, bajo el argumento de que los yacimientos de gas y petróleo se acabarán en unos años. De esta manera intentan mostrar a las actividades petroleras y gasíferas como algo inevitable, cuando no lo es.
Para no sacrificar nuestras ANP, es urgente planificar un cambio de la matriz energética, es decir cambiar nuestro consumo de energía basado principalmente en hidrocarburos ya que al quemarse emite gases efecto invernadero a la atmósfera, causa principal del calentamiento global que ahora nos agobia. Se necesita de manera urgente una política energética que se ponga metas a corto plazo pata abandonar el uso de hidrocarburos y reemplazarlos por otras energías alternativas, dándoles a éstas uso eficiente y austero, ya que almacenarlas demanda minerales, lo que tiene también un con alto impacto en territorios y poblaciones
4.- La vida de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial no puede sacrificarse
La solicitud de facultades legislativas delegadas tiene como propósito debilitar la protección de las reservas indígenas para facilitar la actividad petrolera. Este propósito constituye un acto de insensibilidad y crueldad pues las reservas indígenas son espacios de vida de los pueblos en situación de aislamiento y de contacto inicial (PIACI), lugares donde éstos se han refugiado para protegerse de un conjunto de amenazas, dada su alta vulnerabilidad. Quitar o reducir la protección que tienen puede significar su desaparición
Las ANP y las reservas indígenas no son territorios de sacrificio. Son patrimonio del país, espacios de vida y reservas indispensables para nuestro futuro. Por ello, rechazamos cualquier intento de flexibilizar su protección. En ese sentido, exigimos también la revisión de la Ley 28736, en los artículos que debilitan la protección de los PIACI.
5.- Pretender utilizar el silencio administrativo positivo para aprobar instrumentos de gestión ambiental
La solicitud de facultades delegadas del gobierno busca también que acelerar los permisos ambientales para proyectos haciendo que se den por aprobados sin que haya concluido la evaluación del impacto ambiental cuando el trámite demora. Aprobar un EIA de un proyecto sin haber determinado sus impactos y las acciones para mitigarlos es abrir paso a la destrucción y depredación, poniendo en riesgo nuestras condiciones de existencia y en particular, de los pueblos indígenas u originarios
Solicitamos al Congreso que antes de otorgar facultades delegadas, tenga en cuenta que el Perú ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, el cual, en su Artículo 2 inciso 1 establece la responsabilidad de los gobiernos de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada para proteger sus derechos y garantizar su integridad. En este proceso de preparación y aprobación de la propuesta de facultades legislativas, los pueblos indígenas u originarios no están siendo escuchados pese a que las normas que se den, los pueden afectar significativamente.
4 septiembre 2026
Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
