Audiencia en la CIDH
El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Ronald Gamarra Herrera manifestó que existe un marcado rechazo del actual Gobierno Peruano por no implementar las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), causando así el estancamiento de los procesos de búsqueda de verdad y justicia que exigen las víctimas (y sus familiares) del conflicto armado interno que padeció el Perú. Esta declaración fue formulada en la audiencia temática sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la CVR celebrada hoy por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.
Ronald Gamarra advirtió que el Gobierno, en vez de asumir el Informe de la CVR como un norte moral que guíe la recuperación y el progreso del país y sus instituciones, insiste en desacreditar la valía de su aporte. “El vicepresidente Giampietri afirma que la CVR no ha aportado nada para la pacificación y el ministro de Defensa, Rafael Rey afirma que las Fuerzas Armadas no cometieron crímenes de lesa humanidad”, puntualizó.
“En medio de esta situación crítica, se producen atentados contra la vida e integridad personal, hostilizaciones y agresiones contra los defensores de derechos humanos, como el caso de Salomón Lerner, expresidente de la CVR, quien fue víctima de una amenaza directa contra su vida; actos de agresión como éste no son investigados seriamente y a profundidad por parte del Estado”, remarcó el secretario ejecutivo de la CNDDHH.
Por otro lado, Gamarra enumeró los diversos obstáculos que se presentan en la investigación de las violaciones de derechos humanos por parte del Estado. Según el Ministerio Público, las fiscalías superiores y supraprovinciales tienen a su cargo 1,084 investigaciones de casos de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, seis años después de iniciadas, por lo menos el 92% de las investigaciones llevadas por el Ministerio Público se mantienen en sede fiscal, la inmensa mayoría en trámite y algunas decenas en archivo provisional.
Asimismo el Ministerio Público no ha avanzado en las investigaciones sobre violencia sexual ocurrida durante el conflicto armado, particularmente de las violaciones sexuales. Tampoco ha avanzado en las investigaciones de las causas en los que las víctimas son menores de edad, como es el caso de Putis.
En otro momento de su intervención, Gamarra Herrera manifestó la preocupación de la CNDDHH por el apoyo limitado del gobierno al Consejo de Reparaciones. Esta situación ha llevado a la paralización del trabajo del CR, pese a que se encuentra pendiente de revisión aproximadamente 28 mil expedientes y que a la fecha no se ha entregado a una sola víctima alguna reparación económica de carácter individual.
Finalmente, se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos formular las siguientes recomendaciones al Estado peruano:
- Disponer la implementación de medidas para el efectivo impulso de las investigaciones que pongan fin a las dilaciones y el excesivo retardo en las mismas, a efectos de que las mismas puedan agotar las diligencias y gestiones de investigación y reunir los elementos de prueba para la determinación de las responsabilidades, exigiendo, además, que los respectivos organismos del Estado colaboren plenamente con los órganos jurisdiccionales con la entrega de información sobre los casos que obre en su poder.
- Se dicten las medidas pertinentes y necesarias para fortalecer el sistema de administración de justicia penal especializado para la investigación y juzgamiento de los crímenes contra los derechos humanos, especialmente, aquellas dirigidas a establecer la itinerancia de las salas penales, a fin de evitar que las víctimas y sus familiares realicen largos viajes que atenten contra su seguridad y economía para hacer un seguimiento de los procesos penales instaurados en la ciudad de Lima, desconcentrando el conocimiento de los casos de los órganos jurisdiccionales de Lima y revirtiendo la pérdida de la exclusividad de su labor.
- Garantizar que el conocimiento de las investigaciones y los procesos judiciales en materia de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, sea asumidos por fiscales y magistrados debida y previamente entrenados y capacitados en esta materia, en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y materias vinculadas.
- Que se asignen los recursos económicos necesarios, destinándose las partidas presupuestarias correspondientes, para evitar el cierre del Consejo de Reparaciones, a fin de evitar paralizar el proceso de registro de victimas, asegurando continuidad del proceso integral de reparaciones de las víctimas del conflicto armado interno.
- Legitimar las reformas institucionales recomendadas en el Informe Final de la CVR, garantizándose la constitucionalidad de las medidas y normas referidas a la justicia militar, los regímenes de excepción y la adecuación de la legislación penal nacional a los estándares de protección del derecho internacional, a fin de avanzar en la construcción de las verdaderas garantías de no repetición del conflicto armado, afirmando la democracia con justicia social.
Audio [Audio:http://www.cidh.org/audiencias/137/17.mp3]
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