Como es sabido, el Sahara Occidental situado en el noroeste de África fue una colonia española y hoy es un asunto pendiente de descolonización –el último en África- reconocido por la ONU desde 1963.
España abandonó el territorio en 1975 entregándolo a Marruecos y Mauritania; gran parte de la población saharaui se desplazó a la frontera argelina para establecer campamentos de refugiados, bajo la dirección del Frente POLISARIO, donde permanecen hasta el día de hoy.
En 1978 Mauritania se retiró de la parte que tenía firmando un Acuerdo de Paz con el Frente POLISARIO y más tarde reconoció a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) proclamada el 27/02/1976; Marruecos extendió su ocupación sobre esa parte del territorio que estaba bajo dominio mauritano y construyó un muro de más de 2,500 km. Defendido por campos minados, alambradas, artillería y 150 mil efectivos que divide el territorio, la población y las familias saharauis hace más de 34 años.
En 1991 se firmó un alto el fuego entre el Frente POLISARIO y el reino de Marruecos bajo los auspicios de las Naciones Unidas con el fin de celebrar un referéndum de autodeterminación para el pueblo de saharaui. Desde entonces Marruecos viene obstaculizando la realización de dicho referéndum por la seguridad de perderlo.
La larga y legítima lucha de los saharauis por su autodeterminación e independencia llevada a cabo por la población en la zonas ocupadas mediante manifestaciones pacíficas produce la ira de Marruecos, que ha generado acciones represivas, torturas y detenciones arbitrarias contra luchadores y activistas defensores de los derechos humanos del pueblo saharaui.
Desde el 2005 la población de las zonas ocupadas del Sahara, ha tenido que recurrir a otras formas de lucha pacífica para defender el derecho a la autodeterminación que formalmente se le reconoce en las instancias internacionales pero que se le niega en el día a día, incluso en sus formas más básicas, como los derechos de reunión, de libre expresión, de libre circulación e, incluso, de entrevistarse con observadores y medios de información internacionales.
Un ejemplo bien conocido fue el de la Sra. Aminetu Haidar, a quién se quiso privar del derecho a regresar a su casa en la capital del Sahara ocupado, por haber recogido en Estados Unidos precisamente un premio como defensora de los derechos civiles y que estuvo en huelga de hambre durante 32 días en un aeropuerto español pidiendo el regreso a sus hijos y a su casa. Sólo la presión internacional consiguió que las autoridades marroquíes diesen marcha atrás en su arbitraria e inaceptable actitud.
En los últimos tiempos los hechos adquirieron dimensiones especialmente preocupantes e intolerantes.
La visita de un grupo de siete activistas de los Derechos Humanos a los campamentos de refugiados saharauis, para encontrarse con sus familias, a principios de octubre del año pasado, desató una fuerte represión por parte de las autoridades marroquíes. Al retornar los integrantes del grupo, todos miembros o dirigentes de asociaciones pro-derechos humanos, fueron detenidos, sometidos a maltrato y encarcelados bajo la amenaza de ser juzgados por un tribunal militar con incluso posibles condenas a muerte.
Tras siete meses de prisión sin juicio, en condiciones de detención deplorables y sometidos a todo genero de torturas físicas y psicológicas, los activistas saharauis se han visto en la necesidad, para denunciar esta situación, de declararse en huelga de hambre abierta desde el 18 de marzo pasado.
Tras entrar en su quinta semana de huelga, el deterioro físico y el estado de estos prisioneros es extremadamente grave y muy preocupante. Todos presentan pérdidas de peso alarmantes, parálisis en distintas partes del cuerpo, pérdidas de conocimiento y se sienten incapaces de levantarse o moverse. En otras cárceles marroquíes (Tiznit, Marrakech, Ben Sliman, Tarudant, Aaiún) los prisioneros de opinión saharauis se han solidarizado con el grupo de la prisión de Salé manteniendo también una huelga de hambre indefinida.
Los activistas en huelga de hambre y las luchas de los detenidos políticos no son sino la punta de lanza de un pueblo que, dentro y fuera de los territorios ocupados, está próximo a la desesperanza por el desamparo de las instancias internacionales y la tibia reacción de la Comunidad Internacional. Marruecos, la fuerza ocupante, sabotea impunemente la legalidad internacional y se niega a celebrar el referéndum de autodeterminación recomendado cientos de veces por Naciones Unidas y demás organismos internacionales.
Se trata por tanto, no sólo de un grito de auxilio a la opinión pública para movilizarse y salvar la vida de los activistas encarcelados y en huelga de hambre exigiendo su inmediata liberación, sino también que se tome conciencia, y se actúe en consecuencia, de la grave situación de indefensión y represión padecida por un pueblo entero, que no reclama más que su ya reconocido derecho legítimo a la autodeterminación.
Estamos convencidos de que ninguna organización democrática, de cualquier color, puede sentirse ajena a una situación semejante, ni dejar de actuar para exigir el respeto a los derechos básicos que le corresponden a cualquier persona, empezando por el derecho a la vida.