DECLARACIÓN
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, organismo que agrupa a 67 instituciones de Derechos Humanos a nivel nacional, y su organización afiliada, la Comisiòn de Derechos Humanos Alto Huallaga (CODHAH) expresan su más profunda preocupación por los últimos sucesos ocurridos en la zona de Aucayacu, en los que han perdido la vida un efectivo policial y dos trabajadores del Proyecto Especial de Control y Reducción de 
los Cultivos de Coca en el Alto Huallaga (CORAH) en una emboscada terrorista. Así como el ciudadano Aurelio Niño Ambrosio, de 25 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en la rivera del río Huallaga, a la altura del sector Alto Colina; luego de que se produjeran acciones violentas en la que varios ciudadanos fueron detenidos, torturados y sus viviendas incendiadas y cuya responsabilidad no se ha determinado fehacientemente.
Ante estos lamentables hechos, expresamos nuestra condena a las muertes y rechazamos todo uso excesivo de la fuerza. Al mismo tiempo, instamos al gobierno y a las autoridades locales a esclarecer los hechos a fin de ubicar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables.
Asimismo invocamos a la población, los frentes de defensa y las organizaciones gremiales a no incurrir en actos de violencia ni exponer a terceros a sufrir daño y perjuicio, actuando siempre con responsabilidad y respetando los derechos fundamentales de la persona. En tal sentido, saludamos y unimos nuestra voz a la iniciativa ciudadana expresada el día de ayer por casi medio millar de compatriotas, en una marcha pacífica por el cese de la violencia, respaldada por las comunidades y caseríos del distrito de José Crespo y Castillo, y encabezada por el alcalde Wilder Miranda Ordoñez, quien pudo reunirse con el Fiscal Provincial para garantizar la no repetición y sanción a los culpables de este hecho.
Exhortamos finalmente a las autoridades a abordar la difícil situación que vive Aucayacu y toda la región del Alto Huallaga de forma coherente y responsable, con un diagnóstico socioeconómico que sustente políticas claras basadas en el respeto a los derechos de las personas como base de un desarrollo sustentable, con el objetivo de alcanzar la paz en esta región tan sacudida por la violencia crónica del narcotráfico y el terrorismo.
Lima, 12 de mayo 2010.