Sólo el 12% de los casos enjuiciados y sentenciados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) están cerrados, es decir, con la sentencia cumplida por parte de los Estados.
La presidenta del tribunal, Cecilia Medina Quiroga, señaló que los demás casos están en supervisión, «algunos desde hace años».
La magistrado participó en la inauguración del XXXVIII período extraordinario de sesiones de este órgano judicial supranacional, que se celebra en Santo Domingo.
Acerca de los asuntos que presentan más dificultades para el cumplimiento de las sentencias por parte de los Estados, Medina indicó que «la materia que menos cumplen o que casi nunca cumplen» es la referente a las disposiciones de la Corte que ordenan «investigar, procesar y eventualmente condenar a culpables de violaciones muy graves de derechos humanos».
Entre estas violaciones citó desapariciones, ejecuciones sumarias y masacres, entre otras.
«No se cumple y las causas pueden ser diversas. Puede ser que (los Estados) no tengan modo, después de tantos años, de investigar; puede ser que no tengan la fuerza política para investigar», explicó la jurista chilena.
El balance del trabajo realizado por la Corte durante su mandato, que concluirá a finales de este año, la juez consideró que es positivo. «Creo que la legitimidad de la Corte se está asentando en el continente», aseveró.
«La jurisprudencia de la Corte está siendo usada como un parámetro para dictar las sentencias locales y eso es un progreso enorme», advirtió la experta.
En cuanto a la situación general de los derechos humanos en el continente, Medina Quiroga estimó que ha habido progresos y retrocesos.
La institución conoce cerca de una docena de casos al año y al final de 2009, Medina indicó que no quedarán pendientes casos de 2008, sino sólo de 2009, debido a los plazos que se dan a las partes.
La presidenta de la CorteIDH destacó que este organismo ha introducido aspectos económicos y sociales en la protección de derechos civiles, en especial de grupos minoritarios como indígenas, niños, mujeres e inmigrantes, entre otros.
En la sesión de apertura, que estuvo encabezada por el presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, el canciller dominicano, Carlos Morales Troncoso, destacó el compromiso legal del país caribeño con el mantenimiento de los estándares internacionales en la protección de estos derechos.
«La promoción de los derechos humanos es, para nosotros, una insoslayable prioridad», dijo.
El periodo extraordinario de sesiones de la CorteIDH se prolongará hasta el próximo jueves e incluirá un seminario sobre el sistema interamericano de protección de derechos humanos y dos audiencias de casos de Perú y Venezuela.
El primero de éstos está relacionado con la desaparición forzosa a manos de agentes peruanos del estudiante Kenneth Ney Anzualdo Castro, de 25 años, en diciembre de 1993.
Los peticionarios acusan al Gobierno peruano de haber fallado en la investigación, el juicio y la sanción de los responsables del delito y de no haber indemnizado a la familia de la víctima.
El caso contra Venezuela se refiere a un proceso penal que se llevó a cabo contra el general retirado Francisco Usón Ramírez ante el fuero militar por el delito de injurias a la Fuerza Armada Nacional.
Usón fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por unas declaraciones que hizo en una entrevista sobre temas que eran de controversia y debate público.
(Con información de EFE, lunes 30/03/2009, 18:33)