Facebook Twitter Instagram Youtube

Urge asumir responsabilidades políticas y detener el proceso de elección de magistrados del TC

.

EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA:

URGE ASUMIR RESPONSABILIDADES POLÍTICAS Y DETENER EL PROCESO DE ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DEL TC

COMUNICADO

El Grupo de Trabajo Contra la Corrupción (GTCC) ante los hechos acontecidos a raíz de los audios que involucran al presidente Martín Vizcarra, señala lo siguiente:

1.- Los audios deben ser materia de investigación con respeto irrestricto del debido proceso, sea en instancia fiscal o del Congreso; porque solo ello garantiza el hallazgo de la verdad y la debida identificación de responsabilidades de presuntos delitos que involucran al Presidente de la República, sin manejos políticos de por medio.

2.- La actuación del congresista Edgar Alarcón ha terminado de vulnerar su frágil legitimidad para dirigir la Comisión de Fiscalización. La difusión de audios que son materia de investigación, de espaldas a la Comisión que preside, en los que uno de los actores ahora se desdice, no garantiza la imparcialidad y cuidado en la investigación. Por esta responsabilidad el congresista Alarcón debe ser removido de ese cargo; y a la par, habida cuenta de las investigaciones fiscales que pesan en su contra, retirado de dicha Comisión.

3.- La actuación del congresista Manuel Merino evidencia una corresponsabilidad en lo acontecido. Pero no solo eso. La llamada a las Fuerzas Armadas, así como los mensajes al Ministro de Energía y Minas por personas allegadas a su partido en el Congreso sobre un Gabinete de Transición, informadas por este funcionario público, ponen de manifiesto un serio peligro del orden democrático, así como una presunta conspiración a la rebelión o conspiración a la sedición. Estos hechos no deben permanecer impunes. En este sentido el GTCC solicita con urgencia el paso al costado del congresista Manuel Merino y de la Mesa Directiva del Congreso, quienes deben asumir el costo político de estos graves hechos.

4.- La magnitud de los hechos conocidos, así como la demora en la adopción de medidas que permitan la investigación de los audios con garantía del debido proceso, y la remoción de la Mesa Directiva y del Presidente de la Comisión de Fiscalización; demostrarían que hay más involucrados, más aun cuando de esta situación se terminan beneficiando los poderes y líderes políticos que minimizan los hechos, y que han demorado en concretar una reforma política con miras a las elecciones del 2021. Esas responsabilidades también deben investigarse.

5.- El GTCC solicita que se pongan en el más breve plazo en la agenda del Pleno del Congreso las reformas políticas que incluyan mecanismos que garanticen elecciones representativas, inclusivas, limpias y democráticas. Por ejemplo, la eliminación del voto preferencial y el financiamiento de partidos -fuente de corrupción largamente evidenciada en el caso Lava Jato-, que garantice que el 50% de financiamiento se dirija a promover las candidaturas de las mujeres, así como el 50% de la franja electoral. Incluyendo el derecho a representación política de los pueblos indígenas. El plazo de aprobación, para que sean exigidas en las elecciones del 2021, es el 28 de septiembre.

6.- Saludamos y apoyamos el trabajo de la prensa independiente que informó oportunamente sobre el atentado contra el estado de derecho, referido a la llamada que en medio de la crisis política se hiciera a las Fuerzas Armadas que no son deliberantes. El GTCC recuerda y defiende el derecho a la verdad y el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a estar informadas, mucho más en pandemia y en situaciones que ponen en riesgo la democracia, tal como ha subrayado la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

7.- Asimismo, al no haber legitimidad y garantías de objetividad, independencia e imparcialidad en el desempeño del Congreso a la luz de estos hechos que son aún impunes dentro del Congreso, el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional debe suspenderse. La crisis política evidencia que no existen las condiciones mínimas que garanticen a la ciudadanía el respeto a la autonomía e independencia de poderes e instituciones (como la SUNEDU, el JNE, entre otros) cuyos procesos de designación, reforma y/o fiscalización están a cargo del Congreso.

Finalmente, expresamos ante la opinión pública que estos actos de presunta corrupción y pugna por el poder son en sí mismos evidencia de cómo desatienden y violan los derechos humanos. La ciudadanía y la sociedad civil organizada no dejará de asumir activamente la defensa de las bases de la democracia, la investigación de todos los actos de corrupción con respeto del debido proceso, la defensa de la autonomía de las instituciones, la necesidad de una reforma política inclusiva para el 2021 y la protección de las poblaciones más golpeadas en plena pandemia. El Estado debe resolver en forma legal e inmediata la crisis, para no dejar de lado la promoción y defensa de la vida, la salud, y el trabajo de muchos ciudadanos y ciudadanas que vienen siendo desprotegidos.

Lima, 15 de septiembre de 2020

Suscriben:

Adhesiones personales:

 

Etiquetado ,

La CNDDHH es una coalición de organismos de la sociedad civil que trabajan en la defensa, promoción y educación de los derechos humanos en el Perú.

  • info@derechoshumanos.pe

Enlaces rápidos

Síguenos en X

Facebook Twitter Instagram Youtube