Las organizaciones y colectivos que suscribimos este pronunciamiento nos sumamos al llamado urgente realizado por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, Mary Lawlord, para la adopción de medidas de protección y seguridad para Olivia Bisa Tirko, lideresa indígena defensora del territorio y derechos humanos, y Presidenta de la Nación Chapra, así como a otros defensores y defensoras amenazados en el Perú.
Olivia Bisa viene liderando acciones de defensa de derechos colectivos no solo de la Nación Chapra, sino también de otras naciones indígenas de la provincia Datem del Marañón, ubicada en Loreto, y de la amazonía peruana en su conjunto. El trabajo de defensa que realiza es, principalmente, frente a la contaminación ocasionada por la actividad petrolera y al avance de la frontera extractiva, como la imposición de obras de infraestructura y la aprobación de leyes que atentan derechos de los pueblos originarios. Esta labor la ha convertido en una importante representante indígena, pero también le ha implicado recibir amenazas en contra de su vida y la de sus menores hijos.
En el Perú, 39 líderes indígenas han sido asesinados en los últimos 11 años y alrededor de 50 se encuentran amenazados de muerte. De las personas defensoras registradas oficialmente por el MINJUSDH, 99% pertenece a algún pueblo indígena u originario. Esto demuestra que el Mecanismo Intersectorial para Personas Defensoras de Derechos Humanos dispuesto por el Poder Ejecutivo desde el 2021 tiene graves fallas de cumplimiento, por lo cual no se pueden concretar el otorgamiento de medidas de protección para prevenir daños a las personas denunciantes. Por su lado, el actuar del Poder Judicial y el Ministerio Público facilitan la impunidad de los sospechosos y agresores, tal como acontece en el caso Saweto en el cual se anuló la sentencia que sancionaba a los acusados del asesinato de los cuatro líderes de la Comunidad Nativa Alto Tamaya Saweto ocurrido en el 2014. Una década después de los asesinatos, se retomó el caso disponiendo la realización de 30 audiencias, las cuales se iniciaron en noviembre de 2023 y que continúan sin concluir; manteniendo a los familiares de los asesinados sin lograr justicia.
Hasta el 2021, según datos oficiales, se registraron derrames sistemáticos de 87 mil barriles de petróleo a nivel nacional, siendo la Amazonía la principal afectada, que no han sido remediados y que siguen causando afectaciones graves a la salud ambiental y humana por su exposición. A pesar de ello, el Estado peruano, inició la promoción internacional de múltiples lotes petroleros que afectan a todos los territorios ancestrales de los Gobiernos Territoriales Autónomos de las naciones de la amazonía norperuana; así como los que son habitados por Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento (PIA), defensores anónimos de los derechos humanos y de la amazonía.
La vulneración a los derechos no solo se da desde el Ejecutivo, sino también por parte del Congreso de la República se aprueban sin debate una serie de leyes que ponen en mayor riesgo a las naciones y pueblos indígenas, sobre todo a sus líderes y lideresas. Ejemplo de ello es la modificatoria de la Ley Forestal (Ley N°31973), conocida como “Ley Anti Forestal”, que vulnera los derechos territoriales de los pueblos indígenas y el constante rechazo a ratificar el Acuerdo de Escazú, tratado que incluye disposiciones para afianzar la protección que se brindan a las personas defensoras del ambiente como sería el caso de Olivia.
Es necesario recordar que, el 60% del territorio peruano se encuentra cubierto por bosques amazónicos, área que nunca ha sido “tierra vacía” sino el hogar de una diversidad de pueblos originarios del mundo y de valiosos ecosistemas que contribuyen con el bienestar del mundo y la humanidad. El Perú no puede seguir tan rezagado en términos de protección de defensores ambientales, más aún en tiempos en que su papel en la protección de la Amazonía y la lucha contra el cambio climático ha sido evidenciado como uno de los más deficientes e indolentes en la región.
Exigimos a la PCM, MINEM, MININTER , MINJUSDH, MINCUL, Fiscalías y Gobierno Regionales a tomar las medidas necesarias e inmediatas para salvaguardar la vida y la integridad de Olivia Bisa y su familia, así como de los defensores y defensoras que luchan por los derechos colectivos en el Perú. Así mismo, exigimos al Congreso derogar la Ley 31973 y ratificar el Acuerdo de Escazú.
Lima, 29 de febrero del 2024
Suscriben:
- Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
- Grupo de Trabajo sobre Impactos de los Hidrocarburos (GTIH – CNDDHH)
- Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas (GTPPII-CNDDHH)
- Grupo de Trabajo sobre Personas Defensoras (GPDD-CNDDHH)
- Amazon Watch
- Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
- Campaña Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Ambientales
- Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
- Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS)
- CooperAcción
- Cuencas – Red de Asuntos Amazónicos
- Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
- Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF)
- EarthRights International (ERI)
- Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
- Grufides
- Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible (IDLADS)
- Instituto Natura
- Kené Instituto de Estudios Forestales y Ambientales
- Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC)
- Oxfam
- Pachamama Alliance Perú
- Paz y Esperanza
- Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT)
- Red Muqui
