PRONUNCIAMIENTO
La Coordinadora Nacional de Derechos humanos (CNDDHH) frente al trágico suceso ocurrido en el Centro Poblado San Miguel del Ene, VRAEM, el 23 de mayo pasado, lo que generó las lamentables muertes de 16 peruanos y peruanas, entre ellas 2 niñas, se dirige a la opinión pública para señalar lo siguiente:
Condenamos esta acción narcoterrorista y damos a conocer nuestras condolencias y solidaridad con los familiares de las víctimas mortales; y con los sobrevivientes, autoridades y población del VRAEM que vienen sufriendo las secuelas de estos trágicos hechos.
Lamentamos el uso político que se viene haciendo de este suceso lamentable y exigimos que se respete el dolor de los familiares.
Advertimos nuestra preocupación por la implementación de políticas públicas insuficientes para alcanzar el desarrollo integral de la zona por lo siguiente:
- La zona es la más importante en la producción de droga del país. En el VRAEM se ha presentado un incremento del cultivo de hoja de coca y producción de cocaína llegando a concentrar el 50% de cultivos de todo el país.
- Las autoridades locales de Vizcatán del Ene y el gobierno regional de Junín han entregado casi dos tercios del territorio reclamado por la Comunidad Ashaninka, Shimpenchariato a personas foráneas, favoreciendo así la penetración del narcotráfico. La seguridad jurídica de las tierras comunales y la participación de las organizaciones indígenas son vitales para frenar el avance del narcotráfico y proteger la Amazonía.
- Luego de más de 14 años y de la presencia de 52 bases militares en la zona del llamado VRAE y ahora VRAEM, no se ven resultados importantes sobre todo en garantizar la seguridad de las mujeres y hombres de la zona.
Demandamos en lo inmediato, protección a los sobrevivientes, testigos; atención a las familias de las 16 víctimas; e implementar políticas públicas para lograr el desarrollo y la pacificación de la zona, diseñadas con el protagonismo de las organizaciones indígenas.
Ante todos estos hechos, exigimos una investigación exhaustiva, imparcial y con celeridad para que se esclarezcan los hechos, se logren determinar las responsabilidades, se sancione a todos los culpables y las víctimas puedan acceder a la verdad, justicia y reparación.
Lima, 26 de mayo de 2021
