Representantes de pueblos indígenas, familiares de víctimas de la represión estatal, sectores en situación de vulnerabilidad, artistas y organizaciones de derechos humanos alzaron su voz contra la reciente modificatoria de la Ley APCI. En una conferencia de prensa, advirtieron que esta norma representa un golpe al acceso a la justicia, la verdad y la protección de los sectores más afectados del país.
Durante el evento, denunciaron que la reforma, recientemente aprobada, impone severas restricciones a la cooperación internacional y al funcionamiento de organizaciones que brindan defensa legal a comunidades indígenas, víctimas del conflicto armado interno y de violencia estatal, así como a sectores históricamente marginados. Alertaron que la norma no solo vulnera el derecho de asociación y la libertad de expresión, sino que, sobre todo, restringe el acceso a la justicia y busca silenciar a quienes denuncian abusos, impunidad y corrupción, generando un grave retroceso en la garantía de derechos en el Perú.
«Nos dejan indefensos. ¿Cuántos líderes han sido asesinados por defender su territorio? ¿Quién nos va a defender? ¿El Estado? El Estado nos está matando» , denunció el Apu Julio Cusurichi, representante de AIDESEP, alertando sobre la vulnerabilidad de las comunidades indígenas.
Por su parte, Killa Sotelo, representante de los familiares del 14N, enfatizó: «Nos están quitando la posibilidad de mantener la defensa legal que tenemos actualmente. Estas leyes son propias de gobiernos autoritarios» .
Raúl Samillán, de la Organización Nacional de Mártires y Víctimas 2022-2023, exigió el respeto al derecho a la verdad: «Permítannos acceder a justicia y verdad. Es lo que nos corresponde como ciudadanía de este país» .
Denominada por organismos de derechos humanos como #LeyAntijusticia, esta reforma no solo ataca a las organizaciones que defienden derechos fundamentales, sino que también debilita a la sociedad civil y busca silenciar cualquier voz crítica contra el gobierno. Las restricciones al financiamiento y la fiscalización arbitraria generan un clima de persecución que pone en riesgo a quienes trabajan en la defensa de la justicia y la Víctimas y defensores de derechos humanos advierten: la #LeyAntijusticia es un golpe a la democracia.
Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), advirtió sobre el precedente que sienta esta reforma: «En este país, además de estar en peligro nuestras vidas por la inseguridad y la criminalidad, con la promulgación de esta ley, los más afectados seremos la sociedad civil y, principalmente, quienes tienen menos recursos y no pueden acceder a la justicia que el Estado debería garantizar».
La denuncia contó con el respaldo de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación Campesina del Perú, la Confederación Nacional Agraria, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP), la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, los familiares de las víctimas. de La Cantuta, organizaciones de mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas en Cusco, Ayacucho y Huancavelica, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), la Asociación de Familiares y Heridos del 15 de Diciembre – Ayacucho, la Asociación de Familiares y Víctimas del 14N, la Asociación de víctimas y agraviados de la represión en la protesta de Andahuaylas y Chincheros – Apurímac (AVARPACHA), la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero – Juliaca, Puno, la Federación Nacional de Mujeres con Discapacidad, la Comunidad Campesina San Juan Bautista – Catacaos, así como los familiares de las víctimas del Caso Uchuraccay, Caso Sótanos SIE y Caso Huanta.
