Editorial de Retablo (nº 23, octubre 2008), revista regional publicada en Ayacucho por la asociación SER (Servicios Educativos Rurales).

La intensificación de los operativos militares del Comando Especial del Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE) en las cercanías de la zona de Vizcatán, forman parte de las acciones que ha emprendido el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ejecutivo para terminar con los rezagos de Sendero Luminoso. Este cuadro recuerda una vez más que Ayacucho es uno de los pocos departamentos con estados de emergencia y presencia militar del país.

Tras los operativos militares realizados entre los meses de setiembre y octubre del presente año, han sido públicas una serie de denuncias sobre desapariciones de pobladores en las localidades de José Olaya, Villa Aurora, Pampa Aurora y Jesús Belén, todas cercanas a Vizcatán.

Asimismo el asesinato de cuatro personas en Río Seco, varios de ellos integrantes de los Comités de Autodefensa, posiblemente a manos de miembros de la Fuerzas Armadas, evidenciarían el retorno de acciones que van en contra del derecho y la vida de los ciudadanos, y que han merecido la reacción de organizaciones de derechos humanos de Ayacucho, de la Defensoría del Pueblo y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, quienes han demandado una investigación exhaustiva de los hechos, aunque este pedido haya incomodado al ratificado Ministro de Defensa.

Lo cierto es que las operaciones militares, necesarias en la lucha frontal contra el senderismo, han presentado diversas falencias en su estrategia de intervención, generando así la desconfianza de la población en las Fuerzas Armadas y en la política contra el terrorismo. Y es que el tema de fondo es que las Fuerzas Armadas no estarían haciendo la diferencia necesaria entre la población civil asentada en estas zonas y quienes han tomado la decisión de oponerse al sistema democrático.

De otro lado en Retablo nos sumamos a la condena unánime a los crímenes de Sendero Luminoso que han costado la vida de más de 15 efectivos militares y 2 civiles. Pero es claro que la barbarie senderista no debe ser reproducida por las fuerzas del orden, como ocurriera en la década del ochenta y noventa con un altísimo costo de vidas. Es por ello que, sin negar el legítimo derecho del Estado a recuperar la autoridad sobre el territorio de Vizcatán, consideramos que la intervención militar debe respetar los protocolos y reglamentos del uso de la fuerza que tiene el Ejército Peruano.

Asimismo, la reducida asistencia a la población que hoy se encuentra en condición de desplazada en la localidad de Canayre, generada por las acciones militares, es una expresión clara de que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sólo planificó la acción militar, sin prever la asistencia para la población desplazada. Lamentablemente, la representación nacional no viene ejerciendo el control necesario sobre estas operaciones, y las declaraciones del Ministro de Defensa, negando cualquier responsabilidad sobre las denuncias, pasan de largo sin levantar crítica, acusando una conocida indiferencia limeña hacia el interior del país.

La reciente visita del Premier Simon constituye un gesto esperanzador acerca del lugar que ocupa el VRAE en la nueva gestión, pero cabe advertir que se requiere más que una fotografía y efectistas declaraciones para encarar el riesgo que configura un escenario de guerra dentro de la región ayacuchana.

¿Dónde está el gobierno regional en todo esto? ¿Dónde está la opinión de las instituciones más significativas de la región? El desdén y la opacidad con que las autoridades políticas regionales tratan el tema del VRAE, llama la atención y nos alerta acerca de las verdaderas fronteras de la ciudadanía para las mentes de los representantes ayacuchanos.