14 soldados casi adolescentes

Por Ronald Gamarra H.

Catorce soldados, la mayoría de ellos casi adolescentes, despedazados y acribillados alevosamente. Muchachos humildes, pobres, marginados, discriminados, pero también esforzados y recios, resilientes. Sobrevivientes a la pobreza, pero no a la perfidia. La mayoría cumplía el servicio militar, de manera voluntaria, en un país donde solo lo cumplen los pobres. Chicos como muchos que conocemos, y que en otras circunstancias hubiésemos podido ser nosotros mismos, tales eran los jóvenes soldados sacrificados por una banda terrorista en el atentado de Tintay Puncu.

A estos jóvenes, que apenas han dejado la escuela, los envían al peor trabajo que cabe imaginar en nuestro país: prestar servicio en las zonas amagadas por las bandas de terroristas y narcotraficantes, exponiéndolos a perder la integridad física y psíquica, incluso la vida. No hay sueldo para ellos, sino propina. Ni hablar de seguro o indemnización decente por heridas de guerra o muerte. Lo mismo pasó con los soldados que combatieron en el Cenepa. ¿Acaso no los hemos visto reclamando ser atendidos? ¿Acaso no hemos visto a los viejos combatientes de la Campaña del 41 extinguirse poco a poco reclamando el pago de pensiones de gracia que no se cumplían y se entregaban como limosna?

Indigna el fariseísmo de quienes manipulan la muerte de estos soldados para atacar al movimiento de DDHH, a sabiendas de nuestra condena explícita y firme contra el terrorismo, y se disfrazan de patriotas para ganar titulares fáciles, con el sonsonete de que el movimiento de derechos humanos «no se pronuncia» o «tiene dudas», sin importar que nuestras declaraciones consten, circulen y sean comentadas. Lo que les importa es el rédito político que tal mentira les pueda rendir. Y en concreto, por esos soldados a los que dicen defender, ¿qué hacen? ¿qué han hecho? Absolutamente nada. Utilizan su martirio, para olvidarlos inmediatamente después. Esos mismos soldados que ocuparán una tumba precaria o que, malheridos, sobrevivirán para comprobar la ingratitud del Estado y de cada gobierno de turno.

El movimiento de derechos humanos impulsa desde hace muchos años la iniciativa del plan nacional de reparaciones, que, presentada como recomendación de la CVR, se convirtió finalmente en ley del Estado. Este plan acoge a todas las víctimas de la violencia y el terror vividos durante dos décadas en el Perú, entre las cuales hay miles de soldados y policías, y sus familias, que tendrían la posibilidad de una reparación. ¿Qué han hecho los políticos supuestamente patriotas por facilitar el acceso de estos soldados y policías a una reparación? Nada. El plan nacional de reparaciones sigue paralizado por culpa de ellos, en el gobierno y el Congreso. Hay necesidad de hacer a un lado la manipulación barata de la muerte de los soldados de Tintay Puncu y ponerse a concertar pasos concretos para compensar su sacrificio.