Por: Germán Vargas
Me preguntan, en un encuentro de Paz y Esperanza, cuáles fueron los momentos más difíciles que vivimos durante el conflicto armado interno, y se me ocurren -recuerdo- muchas cosas.
Eran los años 80 y 90, trabajaba en derechos humanos en una organización evangélica, había un contexto marcado por la violencia que acechaba, alteraba la tranquilidad de comunidades enteras, y acababa con la vida de cada vez más personas en diversas regiones del país.
Hubo muchos momentos difíciles, respondo. Los más duros los sentimos al enterarnos de alguna matanza, o cuando supimos de la detención arbitraria de personas inocentes o, peor aún, de su condena. Un momento particularmente difícil fue cuando se dio la ley de amnistía, aquella que bajo el pretexto de la reconciliación nacional pretendía que crímenes contra los derechos humanos quedaran impunes.
Fue también penoso, y uno nunca termina de acostumbrarse a eso pese a ser frecuente, la actitud de personas e instituciones que se supone debieran ser las primeras en expresar su solidaridad con las víctimas y, sin embargo, son indiferentes, y hasta se oponen y vulneran los derechos humanos.
En muchas ocasiones nos hemos referido a las responsabilidades del Estado y los gobiernos de aquella época, pero un poco menos a las de organizaciones sociales. Las iglesias, por ejemplo.
Quiero ocuparme brevemente de ellas, y de las iglesias evangélicas en particular, porque lo conocí de cerca. Hace algunas semanas acompañé una visita guiada sobre el tema, en el memorial El Ojo que Llora, y comenté al grupo participante que las iglesias no tuvieron un papel uniforme.
Se podría hacer una distinción entre las iglesias del campo y de las ciudades, y decir que las del campo fueron más solidarias, pero es bastante más que eso.
Las iglesias del campo, es decir, las ubicadas en la zona misma del conflicto, fueron afectadas, y directamente atacadas por Sendero Luminoso y por las fuerzas armadas. Lo que sucedió en la Iglesia Presbiteriana de Callqui, donde infantes de la marina asesinaron a seis personas; y en la Iglesia Pentecostal de Ccano, donde Sendero Luminoso asesinó a 32 personas, son una muestra.
Fueron iglesias solidarias que en medio de la barbarie brindaron apoyo y sirvieron de refugio para las víctimas, y así como hubo comunidades enteras que se desplazaron hacia otras ciudades a causa de la violencia, sucedió lo mismo con iglesias que se movieron hacia lugares donde podían estar más protegidas o sentirse más seguras.
Las iglesias de la ciudad, por lo general, estuvieron muy distantes de lo que pasaba en el país. Hubo algunas que brindaron apoyo, especialmente cuando las víctimas pertenecían a sus denominaciones, pero otras, la mayoría, ni siquiera eso.
Aunque el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) destaca el papel de las instancias de coordinación nacional de las iglesias evangélicas en la protección de derechos humanos, en realidad fue así durante varios años en el caso del Concilio Nacional Evangélico del Perú (CONEP), y durante menos tiempo en el caso de algunas denominaciones como la Iglesia Evangélica Peruana (IEP), o la Iglesia Presbiteriana. La mayoría de las iglesias, hay que reiterarlo, no se dio por enterada.
Han pasado veinte años desde la presentación del Informe Final de la CVR, y casi cuatro décadas de la ocurrencia de algunos de los episodios más trágicos y emblemáticos del conflicto armado interno, y entre tantas sensaciones hay unas que aparecen recurrentemente y nos hacen recordar esos y otros momentos difíciles que rememoré al inicio.
Es duro y duele mucho sentir tan presente el desprecio hacia la población más vulnerable de nuestro país. La CVR lo advirtió principalmente a través de los diecisiete mil testimonios que recogió, y Salomón Lerner lo dijo en la ceremonia de entrega del Informe Final “Agobia encontrar en esos testimonios, una y otra vez, el insulto racial, el agravio verbal a personas humildes, como un abominable estribillo que precede a la golpiza, la violación sexual, el secuestro del hijo o la hija, el disparo a quemarropa de parte de algún agente de las Fuerzas Armadas o la policía. Indigna, igualmente, oír de los dirigentes de las organizaciones subversivas explicaciones estratégicas sobre por qué era oportuno, en cierto recodo de la guerra, aniquilar a esta o aquella comunidad campesina”.
Sería incorrecto decir que nada ha cambiado. Aun después de las más de 50 personas asesinadas en el contexto de la protesta social iniciada en diciembre 2022, y del cinismo de las autoridades de la coalición que hoy gobierna el país, el país no es el mismo. La persistencia en el reclamo por justicia y para que se reconozca la verdad de la barbarie del pasado, así como de la reciente, moviliza a miles de personas en prácticamente todas las regiones de nuestro país que proclaman que sin respeto pleno a los derechos humanos no hay democracia.
Es tiempo de conmemorar, de rendir cuentas a los ausentes, de reafirmar compromisos, y de asumir y decir que la justicia que aspiramos tiene memoria.