Es improbable que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos admita un eventual recurso del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales, que reivindica la ideología de la banda terrorista Sendero Luminoso, dijo la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos
Su secretaria ejecutiva, Rocío Silva Santisteban, dijo que los dirigentes de esa agrupación tienen la libertad de acudir a dicha instancia internacional, pero la posibilidad de que su demanda sea admitida es bastante complicada, porque se han respetado las instancias y el debido proceso frente a su pedido de inscribirse como partido.
El Movadef decidió esta semana desistir con su apelación a una resolución electoral que denegaba su inscripción, bajo el argumento que existía una persecución política en su contra de parte del Estado.
Previamente, el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) había rechazado su inscripción por diversos aspectos de forma y de fondo, principalmente por su ideología vinculada a la subversión; medida que el Movadef apeló.
Silva Santistevan recordó que en el año 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró inadmisible una denuncia a favor del líder emerretista Víctor Polay, presentada a través de su madre Otilia Campos.
“Pueden tener derecho a acudir, pero sería absurdo que el sistema admita su denuncia”, afirmó.
La decisión del Movadef de desistir en su inscripción se produjo tras quedar conocerse en los últimos días de una falsificación de firmas para su inscripción y por reportar comités partidarios inexistentes.
En los últimos días representantes de ese grupo fueron denunciados por la procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones por esos presuntos ilícitos.
De otro lado, Silva Santisteban dijo que los organismos defensores de derechos humanos están dedicados a la elaboración de una nueva agenda de derechos, sobre los cuales pondrán su atención en los próximos años.
Comenzó este miércoles (1º), en Perú, la Gran Marcha Nacional del Agua. Delegaciones de todas partes del país se dirigieron hacia Cajamarca, de donde partió la manifestación que tendrá una duración de 10 días y finalizará en Lima. Los primeros lugares a ser visitados durante la marcha son las lagunas que el proyecto Conga planea damnificar para extraer oro y cobre.
La gran marcha está siendo impulsada por el gobernador del departamento de Cajamarca, Gregorio Santos, y recibió el apoyo de diversas organizaciones de pueblos indígenas, colectivos de jóvenes, organizaciones mundiales que defienden el agua y el medio ambiente, investigadores y trabajadores peruanos.
El objetivo principal es la defensa del agua y de la Tierra, especialmente la protección de las lagunas que serán afectadas por el proyecto Conga. Con este objetivo, piden la prohibición del uso de cianuro y mercurio en la minería, el fin de las actividades mineras en las cabeceras de cuencas y zonas de recarga hídrica y respaldo a la Orden 036 del Gobierno Regional de Cajamarca, que declara inviable el proyecto Conga. Otro fuerte motivo para la realización de la peregrinación es intentar sensibilizar a la población para que demande al gobierno del presidente Ollanta Humala para que reconozca el agua como un derecho humano.
Los días de marcha estarán repletos de actividades; los principales momentos serán el Foro de Justicia Hídrica, agendado para el día 9, en Lima, y una gran movilización pacífica y festiva por el agua el día 10, también en la capital peruana.
Paralelamente a la marcha, habrá otras actividades de apoyo. En Lima, colectivos de juventud, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos realizaron hoy una marcha por las calles para apoyar y celebrar el comienzo de esta manifestación pacífica y democrática. También en Cusco, Espinar, Canchis, Tambo, Arequipa, Tacna, Ancash, Iquitos y otros lugares de las macro-regiones Norte, Centro, Sur y Oriente del país se realizarán concentraciones y movilizaciones.
Con el mismo objetivo de defender los recursos hídricos de la región, cerca de 500 habitantes de Quiruvilca y Santiago de Chuco harán una marcha de sacrificio saliendo de la sierra de la Libertad rumbo a Lima. La acción, que se realizará el próximo viernes (3), busca defender cinco lagunas localizadas en la jurisdicción e impedir que sus aguas sean usadas para beneficiar a la minería.
Los pueblos indígenas amazónicos también están viendo sus tierras y recursos naturales gravemente afectados. El problema de esta población se debe a la presencia abusiva y contaminante de las empresas petroleras. Para luchar contra el intento de dominar las riquezas de la región, la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) también se organizó para manifestar su descontento. La acción ocurrió este miércoles en la ciudad de Iquitos.
Antes de estas actividades, otras acciones ya estaban en marcha probando que el pueblo de Cajamarca está empeñado en la protección de sus bienes naturales. De acuerdo con informaciones de Magdiel Carrión Pintado, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami), junto con organizaciones del Pacto de Unidad una medida cautelar fue interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger la vida y la integridad de las personas, ya que la “defensa del agua es la defensa de la vida”.
Otra medida que está siendo tomada por parte de la Conacami es el intento de crear una Comisión de la Verdad sobre la Minería, que investigue todos los perjuicios causados por las industrias extractivas en los últimos 20 anos.
Proyecto Conga
El Proyecto Conga de la transnacional Newmont-Buenaventura-IFC (Minera Yanacocha) viene causando trastornos a la población de Cajamarca desde el año pasado, porque el proyecto de explotación de cobre y oro hará desaparecer cuatro lagunas ubicadas en las zonas altas de Cajamarca y causará daños ambientales irreparables a la región. La población local teme una emergencia hídrica, ya que buena parte del agua utilizada viene de estas lagunas, localizadas en la cabecera de cuencas.
La aprobación del estudio de impacto ambiental fue uno de los detonantes de los reclamos, dado que éste, incluso habiendo sido cuestionado por el gobierno federal, fue aprobado, incumpliendo la ley peruana que señala que lagunas altandinas, bofedales (zonas inundadas altandinas) y glaciares constituyen ecosistemas frágiles y que pueden sufrir grandes efectos con cualquier intervención.
Adital: Por Natasha Pitts. Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com
Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la CNDDHH. Foto La República
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) instó hoy a las universidades públicas y privadas a incluir cursos que permitan explicar a los estudiantes sobre la violencia terrorista que desató Sendero Luminoso en el pasado, y no dejarse sorprender por grupos que pretenden “distorsionar la historia”.
Rocío Silva Santisteban, titular de la Coordinadora, consideró preocupante que en algunas universidades existan jóvenes que creen que el cabecilla senderista, Abimael Guzmán, condenado de por vida por terrorismo, sea un “preso político”, y que lo sucedido entre los años 80 y 90 no fueron acciones subversivas.
Eso se debería -opinó- precisamente a que no existe una política de la memoria de la violencia terrorista en las universidades, pues –dijo- salvo en la Universidad Católica en el resto de casas de estudio no se han implementado cursos de esa naturaleza.
Lamentó que algunas universidades que han sufrido los golpes del terrorismo, no ha incluido hasta ahora cursos de esa naturaleza, lo que “me parece terrible”, pues en vez de pelearse entre ellos por cuotas de poder, “debería atender este tema”.
Pero la titular de la CNDDHH, aclaró que esta falta de memoria no se puede achacar solo a las universidades, sino que es una responsabilidad de toda la sociedad peruana.
Añadió que por discutir tanto sobre si el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación es objetivo o sesgado, “nos olvidamos de la memoria de la violencia”.
Añadió que el surgimiento del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), que reivindica la ideología senderista y pretende inscribirse como partido políticos, “es consecuencia de ese olvido”.
Silva Santistevan comentó que algunos jóvenes, precisamente porque no vivieron esta etapa y por la rebeldía de su edad, podrían ser captados por los grupos de fachada del terrorismo.
La brújula de los jueces es la prueba
El informe final de la Comisión de la Verdad (CVR) es importante porque permitió conocer el contexto de los crímenes que se cometieron entre 1980 y el 2000, sostuvo Ricardo Brousset, presidente de la Sala Penal Nacional (SPN), al descartar que exista un doble estándar en el juzgamiento tanto de terroristas o de un grupo de militares que cometieron actos de violación de derechos humanos.
Fue al comentar las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, quien dijo que hubo mucha teatralización en los testimonios que recogió la CVR y aspectos que sobredimensionaron la cantidad de damnificados y el rol de las Fuerzas Armadas.
“Como se demuestra con la producción de las sentencias de la SPN, todas ellas que han pasado por la Corte Suprema, debe quedar en claro que no hay un doble estándar, hay un solo estándar. La justicia penal en el país para ver casos de criminales, de terrorismo, de violación de derechos humanos tiene un solo estándar, que es la prueba, porque constitucionalmente, todo imputado – sea cual sea la imputación– está premunido de la presunción de inocencia y le corresponde al Estado, a través del Ministerio Público, probar la responsabilidad y ese es el único estándar que tenemos”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“De tal manera que bien podemos nosotros, como toda la ciudadanía, es repudiar en genérico los actos tanto del terrorismo, como de violación de derechos humanos; como jueces tenemos como única brújula y elemento determinante la prueba para decir que esta persona es culpable y, en consecuencia, se le debe imponer una pena”, apuntó.
Informe de CVR es importante
Indicó que el valor del documento que elaboró la CVR radica en que logró situar el contexto de los crímenes que se perpetraron y luchar contra la impunidad. Remarcó que a pesar de que la actividad probatoria es la que prima en el desarrollo del juicio, no puede soslayarse de ninguna manera el texto de esta comisión.
“El informe de la CVR es importante, dentro de esa perspectiva de conocer la verdad y luchar contra la impunidad y si hablamos de luchar contra la impunidad de los grupos terroristas […] creo que también el mensaje de la sociedad democrática debe ser nunca más al terrorismo, pero nunca más a la respuesta de malos agentes de las fuerzas del orden, de algunos agentes del Estado que de algún modo nos deslegitimaba a todos”, señaló.
“Cuando los agentes del Estado son llamados a obrar con justicia y equidad, terminan generando situaciones similares a los de aquellos que están fuera de la ley, lo que pasa es que la ley se va a debilitar, dejando siempre en claro que el rol de las fuerzas de seguridad, oficial y legalmente, de aquellos que actuaron de acuerdo a ley es un rol importante, y fueron los que nos defendieron para la derrota del terrorismo”, apuntó.
El defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, denunció ayer que desde hace más de un mes está paralizado el proceso de reparaciones y también reclamó al gobierno el pronto nombramiento de un jefe de la comisión multisectorial de alto nivel, puesto acéfalo desde el 2011.
Lo dijo durante una reunión de trabajo que tuvo con los representantes de los comités de autodefensa y organizaciones de afectados de Cusco, Ayacucho, Huancavelida, Junín, Lima y la selva central.
“Al Estado lo que le corresponde es velar y cumplir con el compromiso de otorgar las reparaciones a las víctimas de la violencia, así como atender sus justas demandas”, dijo Vega.
Gisella Vignolo, defensora adjunta para los derechos humanos y las personas con discapacidad, dijo que el Estado no ha cumplido con implementar adecuadamente las reparaciones en educación, salud, restitución de derechos, entre otros.
En la cita participaron algunos familiares de las víctimas, Giovana Cueva, Leonor Saire, Elena Gonzáles y José Aquino, entre otros.
CLAVE
Hoy a las 11 de la mañana se reunirán las autoridades de la Defensoría del Pueblo con las del sector Justicia.
La habilidad castrense del premier Óscar Valdés parece querer olvidar las correcciones que necesitó el país para abrir paso a la verdad y la reconciliación. Es así como el primer ministro aseguró que el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) contiene “teatralización” y mucho contenido “sobredimensionado” sobre los años de violencia en el Perú entre los años 80 y 90.
“Si bien es un informe bastante completo, hay que ver que mucha gente presentaba cuadros desgarradores y hubo mucha teatralización y cosas que sobredimensionaron, como la cantidad de damnificados y el rol de las Fuerzas Armadas”, enfatizó Valdés en el noticiario 90 segundos.
Al respecto, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Rocío Silva Santisteban, interpretó las palabras de Valdés como una reacción desde “su uniforme militar que lleva bajo su terno de civil”. Agregó que dichas afirmaciones representan una ofensa para las víctimas y exigió unas disculpas públicas, además de los juicios y las reparaciones pendientes.
“El premier tiene que recordar que la Comisión de la Verdad fue una institución del Estado, no una ONG”, agregó Silva Santisteban para luego sostener que los dichos del primer ministro tienen coherencia con la poca importancia que le está dando el gobierno al tema de las reparaciones.
En ese punto, la activista de derechos humanos recordó que aún no se ha nombrado al presidente de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del Seguimiento de las Acciones y Políticas del Estado en el ámbito de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional (CMAN).
El ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra dijo que argumentos como los del premier permiten que surjan movimientos pro terroristas como el de Sendero Luminoso.
“Las declaraciones de Valdés fueron lamentables frente al dolor que sufrieron las víctimas con el terror que sembró Sendero Luminoso”, expresó.
Asimismo, explicó que la reacción del presidente del Consejo de Ministros responde al deseo de un sector castrense que hubiera preferido que el informe de la CVR expusiera las atrocidades cometidas por Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), pero callara los excesos realizados por agentes del Estado peruano.
Para Gamarra, esta “exigencia inmoral” afecta severamente el debate dado en estos momentos sobre la memoria de la población en el conflicto armado interno en nuestro país.
Tras el reciente anuncio de la ministra de Educación, Patricia Salas, de incorporar el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en los textos escolares desde el año 2013, el área de Gobernabilidad y Derechos Humanos del Instituto de Defensa Legal (IDL) ha elaborado una propuesta didáctica para aplicar en los textos de Historia, Geografía y Economía de 4° y 5° año de secundaria, en Huancavelica, el conocimiento de lo que vivió la región en la época de la violencia política.
La publicación, titulada “El Umbral de la Memoria – presente, pasado y futuro en las memorias de la violencia en Huancavelica”, ha sido validada con los profesores de la zona y puede servir como base para empezar a trabajar el tema de la memoria con los escolares de dicha región y del país en su conjunto.
Asimismo, el documento tiene como objetivo mantener la memoria viva en los escolares sobre lo que ocurrió en esa zona en las décadas de los 80 y 90. La violencia generó grandes pérdidas humanas y materiales y dejó serias secuelas psicológicas en los pobladores.
Estas guías metodológicas permitirán el conocimiento de la historia de la región, de manera crítica y creativa, así como la revaloración del rol de la mujer y de la organización social, y el fomento de una cultura de respeto a los derechos humanos para la resolución de los conflictos.
Por ello, la propuesta del IDL se suma a ese esfuerzo y plantea enriquecer el debate y el conocimiento acerca de los hechos de violencia ocurridos en esas dos décadas, para ayudar a fomentar una cultura de paz necesaria para conducirnos en una sociedad más justa y democrática.
Julio Jesús Melgarejo, dirigente y defensor de la Laguna de Parón, fue secuestrado y golpeado brutalmente el 21 de Octubre de 2011. Producto de ello perdió la consciencia y despertó en un hospital de Huaráz. Actualmente en Lima, luego de haber sido operado en un hospital de la capital, dado de alta, y nuevamente internado, se encuentra aún necesitando urgente atención médica, y, además de ello, viene recibiendo varias amenazas de muerte en su celular.
Natural de Caraz, Julio Jesús Melgarejo, de 30 años y Secretario de Organización del Frente de Defensa de la Provincia de Huaylas, se encuentra en Lima desde el pasado mes de noviembre, cuando fue trasladado desde un nosocomio de Huaraz al Hospital Nacional Arzobispo Loayza por encontrarse muy grave de salud, producto de múltiples fracturas y lesiones padecidas. Actualmente, ya ha sido dado de alta de dicho Hospital.
El 21 de Octubre del 2011, Jesús Melgarejo se encontraba conduciendo su moto cuando otra moto colisionó contra la suya. En ese momento, cuatro desconocidos lo interceptaron y lo introdujeron a una camioneta 4×4 de color negro, dentro de la cual le golpearon brutalmente el rostro con objetos contundentes. El pasado domingo 22 de enero logramos entrevistar a Jesús Melgarejo:
“… cuando me subieron me metieron pues un fierrazo acá (señala la parte de los ojos de su cara), inclusive me ponían tipo esponja y me daban de alma, de ahí no recuerdo mas… me destrozaron todo el brazo, me dieron de alma” (14:40)
“… habrá sido cuatro, cinco minutos, de ahí he perdido la consciencia, he reaccionado en el hospital de Huaraz…” (16:49)
Habiendo perdido la conciencia, despertó a los días en un hospital de la ciudad de Huaraz, al cual Melgarejo no recuerda cómo llegó. Sin embargo, en ese nosocomio le comentaron que provenía de otro hospital, ubicado en la ciudad de Caraz.
“… pero si he sido trasladado en ambulancia de Caraz a Huaraz,… en Huaraz he reaccionado, pero lo que mas me indigna es que el parte policial que han dado en Caraz ha sido que yo he estado borracho, cosa que yo no tomo, inclusive el examen etílico que han hecho a mi los médicos de Caraz han descubierto un alto grado de alcohol en mi sangre, que indignante no, que indignante, con que lo han hecho, que esta borracho, que se ha chocado… por eso digo tanto poder tiene esta gente, se compra autoridades…” (18:25)
Fue estando interno y convaleciente en Huaraz que Jesús Melgarejo recibió la ayuda solidaria de amigos y compañeros de los frentes de defensa, para, finalmente, poder trasladarse a la ciudad de Lima y ser operado.
“… estuvo mi familia, el pueblo de Caraz, el Frente de Defensa,… hicieron una colecta, juntaron por la radio,… ahí hay un noticiero en Caraz, que es el Maletin Negro en Radio Sideral, ellos difundieron pues,… llamaron a la gente, como me conocen, dijeron ese muchacho caracho es un buen muchacho,… apoyaron con cinco, diez, quince soles,… así todo el pueblo de Caraz me apoyó…” (19:15)
Así, el 2 de noviembre de 2011 llega al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde luego de ser sometido a una serie de operaciones, que aún no han resuelto las múltiples fracturas de los huesos de su rostro, fue dado de alta el 11 de enero de 2011.
“… en el Hospital Loayza he tenido un trato inhumano, yo no veo muy bien, no escucho muy bien, he perdido el olfato, tengo todo el diente muerto, no lo siento mi diente, a las justas mastico un plátano…, por fin se dignaron a operarme el 4 (de enero de 2012)…” (20:17)
“… para que yo adquiera un seguro tuve que inventarme diciendo que acá yo he sido asaltado,… acá en el trabajo, que he sido asaltado por unos ladrones, que me han pateado, y con eso el SIS (Seguro Integral de Salud) recién me da un seguro…, en total pues habré gastado algo de 1500, 2000 soles, aparte de las medicinas, y aparte yo mismo he puesto 2500 para la operación…” (24:00)
“… a mi me dieron de alta a la semana nomás,… he salido en las condiciones hinchado,… (me faltan otras operaciones) el más grave, que es la órbita del ojo, lo tengo destrozado, lo tengo roto, entonces la doctora que me atendió me sacó mi cita para recién el 26 de enero,.. y las únicas recetas que medió fueron 2 pastillas… me indigna mucho, me han tratado como si no fuese un humano…” (25:00)
En algún momento, después de la operación, Julio Jesús Melgarejo sintió otra dolencia.
“… yo me quejaba mucho del coxis,… no podía pisar, ni mover el pié,… me ponían calmantes…, igual no me calmaba,… yo le dije una licenciada que me lo vea, uyy está rojísimo,… voy a pedir a la doctora que le saque una placa para que ella diga, apruebe, pero nunca me sacaron una placa,… ahorita siento que mi cuerpo se adormece,…” (27:25)
El día de la entrevista lo ubicamos en un departamento alquilado en la capital junto con su madre, quien ha venido desde Ancash para acompañarlo y atenderlo. En ese momento nos mostró algunos mensajes de texto e recibe en su celular con frases amenazadoras, tales como “REVOLUCIONARIO ESTAS SOLO DONDE ESTA TU PUEBLO AHORA DISFRUTA MIENTRAS VIVAS”, o “LA CARTA QUE ENVIASTE AL COMUNISTA FIDEL CASTRO NUNCA LLEGO A SU ORIGEN IGUAL TE VAMOS A DESAPARECER”, o “PENSASTE TENER UNA BUENA FAMILIA QUE BONITO TU ESPOSA TAMBIÉN REVOLUCIONARIA AHORA QUE NO ES MAS QUE UNA RRAMERA”.
Jesús Melgarejo, quien estuvo presente en la movilización pacífica de campesinos que logró tomar la laguna de Parón el 29 de julio de 2008, y quien desde entonces es constantemente amenazado, amedrentado, y hostigado por su actividad política en defensa del agua, necesita urgente ayuda para seguir siendo atendido. Los huesos de su rostro fueron destrozados, está perdiendo la vista, tiene serias dificultades para poder alimentarse, dadas las graves lesiones, y carece del suficiente presupuesto para costear su tratamiento y recuperación. Además de ello, Melgarejo, floricultor de la campiña de San Marcos -Ancash-, tiene dos hijos que lo necesitan y esperan. No obstante, y a pesar de su difícil situación, el dirigente quiere volver cuanto antes a su tierra, para seguir luchando por la defensa de la Laguna de Parón.
Hoy en día, Julio Jesús Melgarejo se encuentra nuevamente internado en el Hospital Arzobispo Loayza y necesita urgente atención médica.
Nota: La Comunidad Cruz de Mayo recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos entregó el año 2011 por la lucha pacífica en defensa del agua de la Laguna de Parón.
La falta de seguridad ciudadana y la tendencia de algunos líderes de América Latina por perpetuarse en el poder se presentan como las dos mayores amenazas a los derechos humanos en la zona, según el último informe de la organización Human Rights Watch (HRW), presentado ayer en Washington, D.C.
“Nos preocupa especialmente que en muchos países las principales violaciones de derechos humanos estén relacionadas con el problema de la seguridad de los ciudadanos”, declaró al diario EL PAIS José Miguel Vivanco, director de la organización en América. “El mayor desafío que podemos identificar para las democracias es la falta de preparación de los estados que no investigan las amenazas a la seguridad, están poco entrenadas, tienen pocos recursos y poca credibilidad profesional ante la ciudadanía”.
El informe destaca la situación en México, donde el Gobierno de Felipe Calderón reconoció que se habían cometido 45.000 homicidios desde que éste accediera a la presidencia en 2006, pero sólo ha abierto investigación por 997 causas. De todas ellas, apenas se han presentado cargos contra 360 personas y se ha condenado a 29.
“Se trata de una cifra mínima en relación con la gravedad y el número de abusos cometidos”, afirmó Vivanco. “No sabemos como el Gobierno sigue manteniendo que el 90% de las víctimas son miembros del narco que se matan entre ellos, cuando no se investigan los hechos. Les retamos a que documenten cómo han llegado a esa conclusión”.
El informe de HRW ha documentado durante los dos últimos años evidencias de violaciones de derechos humanos en cinco estados mexicanos, prácticas de tortura “de manera sistemática por las fuerzas de seguridad” y la falta de justicia y recursos judiciales para las víctimas. “La ausencia de investigación por parte de las autoridades durante las últimas décadas es sinónimo de impunidad”, declaró Vivanco durante la presentación del informe.
El director de HRW en la zona alegó que la falta de preparación de los cuerpos de policía y la injerencia de las fuerzas armadas no ofrece mejoras en materia de seguridad y además empeora el historial en materia de derechos humanos.
La organización identifica también como preocupante la tendencia a mantenerse en el poder de los líderes de algunos países, su interés por asegurarse oportunidades de reelección, el control sobre el poder ejecutivo, las presiones sobre medios de comunicación independientes y la falta de libertades públicas. HRW recomienda a los Estados que inviertan en más recursos para investigar crímenes, recaben más datos al obtener una denuncia por parte de cualquier ciudadano e impedan así que las violaciones de derechos humanos queden impunes.
HRW identificó también en este último año tendencias positivas, especialmente en México y Colombia, donde las cortes supremas han cambiado la legislación para afianzar el ejercicio de los derechos fundamentales. El informe destaca además “la apertura y el entendimiento” mostrado por el gobierno colombiano con respecto a los derechos humanos en el último año, pero lamenta dos grandes cuestiones sin resolver. La organización identificó 100.000 nuevos desplazados dentro del país -el total asciende a 3,7 millones de ciudadanos- a causa de la violencia, y los asesinatos de sindicalistas que, a pesar de que las muertes se redujeron en 2011 a 29, la cifra sigue poniendo a Colombia por delante de ningún otro país.
En Cuba, la organización reconoció la importante liberación de todos los presos políticos del ‘Grupo de los 75’, condenados en la primavera de 2003 por Fidel Castro y en libertad -bajo la condición del exilio- después de las negociaciones con el Gobierno español en 2011. Sin embargo, la situación de la oposición ni las prácticas del régimen han cambiado en este último año, según el informe. Vivanco compartió su esperanza de que la presión de la comunidad internacional funcione: “Si no, seguiremos lamentando casos como el fallecimiento del opositor Wilman Villar Mendoza”.
El informe de HRW destaca en su apartado sobre Estados Unidos tres grandes amenazas a los derechos humanos en el país. Por un lado, la negación de Obama a vetar la renovación del mandato que permite detener indefinidamente a sospechosos de terrorismo en el país, desplazar a los detenidos en la base naval de Guantánamo a territorio norteamericano para juzgarles, y que autoriza al ejército a realizar detenciones en el territorio norteamericano, algo prohibido por ley desde hace 150 años. El documento también denunció el uso de la cadena perpetua en sentencias contra menores de edad, las leyes de inmigración de estados como Alabama -que criminalizó la presencia de estudiantes indocumentados en las escuelas o firmar contratos con las autoridades- y el desigual acceso a la justicia.
HRW lamenta el hecho de que EE UU siga siendo el primer país del mundo en dictar penas de prisión, con 2.3 millones de ciudadanos en sus cárceles. Además, desde el año pasado, los ciudadanos hispanos además son el grupo de población que recibe más condenas de prisión en cárceles federales, por delante de los afroamericanos, y tienen cinco veces más probabilidades de ser condenado a cadena perpetua que uno blanco.
Es pertinente incluir estos temas en enseñanza escolar, refirió
Ministra de Educación, Patricia Salas. Foto Andina
La violencia y las víctimas que dejó Sendero Luminoso en Perú son parte de la historia contemporánea, la cual tiene que ser conocida por todos nuestros jóvenes para que no se repita, afirmó hoy (ayer) la ministra de Educación, Patricia Salas, quien consideró pertinente su inclusión en la enseñanza escolar.
Sobre reportajes periodísticos que dan cuenta de que jóvenes y adolescentes desconocen los actos criminales cometidos por el grupo senderista, Salas sostuvo que la formación ciudadana también tiene que ver con los conocimientos históricos antiguos y recientes del país.
“Necesitamos que los niños conozcan la historia y que no dejen que se repita. Eso significa formación en valores ciudadanos, significa profundizar la capacidad de diálogo, aprender el respeto mutuo, el estado de derecho, y esos aspectos son parte de la agenda de la enseñanza actual en Perú y que vamos a fortalecer“, subrayó.
Anotó que este año es imposible modificar los textos escolares porque su elaboración comenzó el año pasado, pero que se espera cumplir esa tarea en 2013.
En cuanto a si se considerarán los textos del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en la modificatoria de los textos escolares, Salas indicó que será una de las fuentes consultadas.
“Evidentemente, todas las fuentes de información serán usadas, de tal manera que nuestros niños estén informados y que puedan ser sujetos actuantes de una cultura de paz”, remarcó.
Agregó que lo importante es que se tengan múltiples fuentes de información, “porque no queremos trabajar con nuestros niños en una lógica de adoctrinamiento, sino ayudarlos a tener pensamiento propio y crítico”.
Salas indicó que para la tarea de modificar los textos escolares se convocará –como siempre se hace– a los profesionales pertinentes y a los historiadores.
La titular de Educación declaró en la sede de la Cancillería, luego de presentar al cuerpo diplomático y a representantes de organismos internacionales el programa Beca 18, con la finalidad de convocar el apoyo internacional a fin de abrir posibilidades de formación profesional a jóvenes peruanos de escasos recursos.
El intento de algunos sectores por ocultar la memoria de la violencia tiene su correlato en el pedido de inscripción como partido del llamado Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), opinó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
La secretaria ejecutiva de la CNDDHH, Rocío Silva Santisteban, comentó en ese sentido el pedido de inscripción de ese grupo, vinculado a la banda terrorista Sendero Luminoso, que está pendiente de resolución en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Destacó la importancia de la pronta implementación del Lugar de la Memoria y cuestionó que en los últimos años algunos sectores pusieran piedras en el camino al desarrollo del tema de la memoria.
“Algunas personas le tienen miedo a las batallas por la memoria; la memoria no es una sola, hay varias: está la memoria de las víctimas, de los perpetradores, y de los senderistas; y se ha tratado de ocultar todas las memorias, y eso es patético, porque se oculta finalmente la historia del Perú”, comentó.
En su opinión, la existencia de cerca de 400 mil personas que respaldaron en los planillones de adherentes a Movadef, revelan que existe una gran falla en el sistema educativo, pues los jóvenes desconocen sobre el accionar terrorista de Sendero Luminoso, su ideología y líderes.
“Existe una falla del sistema educativo peruano, al no haber reconocido una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad (…) una recomendación concreta y es el tema de memoria. Nosotros (como país) no podemos olvidar, no podemos ser amnésicos y tenemos que fomentar la memoria”, anotó.
Planteó, por ejemplo, que se difundan los testimonios recogidos por la CVR a las víctimas de la violencia, y además, reimpulsar el tema de las reparaciones, aspecto que forma parte de la memoria
“El Lugar de la Memoria me parece fundamental y desde la coordinadora lo estamos apoyando (…) existe un archivo de la CVR que tiene 17 mil testimonios, historias de peruanos que te conmueven y se deben divulgar”, declaró en TV Perú.
Más adelante, aclaró que nadie busca “destruir” a personas que cumplieron sus sentencias por terrorismo, y estas pueden rehacer su vida y participar en la vida política del país, pero no constituir un partido cuya propuesta ideológica sea el llamado marxismo leninismo maoísmo pensamiento Gonzalo.
La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Víctimas por la Violencia Política del Perú (Conavip) pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) considerar la memoria de los miles de fallecidos por acciones terroristas y rechazar la inscripción de Movadef, agrupación vinculada a Sendero Luminoso.
La presidenta de esta organización, Doris Caqui, expresó su preocupación por la solicitud presentada por el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef) –grupo que pide la libertad del cabecilla terrorista Abimael Guzmán y una amnistía general- ante el JNE para inscribirse como partido político.
“Esta amnistía general que proponen tendería el manto de impunidad sobre los 70 mil muertos y desaparecidos durante la violencia política; esto sería desastroso. Creemos que se debe tener en consideración la memoria de los fallecidos”, dijo a la Agencia Andina.
La activista sostuvo que la sola posibilidad de que este grupo participe en política ofende a las familias peruanas que han perdido un familiar a manos de la subversión.
Añadió que en el interior del país también existe “gran indignación” por la posibilidad de que este grupo participe en la vida política nacional, a pesar de su historial antidemocrático y subversivo.
Sostuvo, además, que el país “no puede caer en el olvido” y pidió a la sociedad peruana estar atenta ante cualquier agrupación que busque reivindicar el terrorismo.
El Movadef solicitó recientemente su inscripción ante el JNE con la finalidad de participar en política y en los procesos electorales.
La semana pasada, el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE rechazó la solicitud de Movadef, pero el máximo tribunal electoral anuló esa resolución y dispuso la emisión de un nuevo pronunciamiento en los próximos días.
Exhumación de restos de las víctimas del caso Cabanino, Ayacucho. Foto: Comisedh
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) abogó por aprobar un plan nacional de exhumaciones lo antes posible, por considerar que aún hay una gran cantidad de personas desaparecidas durante el periodo de violencia en el país.
Rocio Silva Santisteban, titular de la CNDDHH, dijo que comparte la posición de la Defensoría del Pueblo de establecer en el corto plazo un plan nacional de búsquedas de personas desaparecidas, que incluya exhumaciones de carácter humanitario.
“Tiene que haber un plan de búsqueda de personas desaparecidas, no solo para encontrar y exhumar cuerpos de las víctimas de la violencia, sino también para brindar ayuda a los familiares a sobrellevar este proceso y obtener de alguna manera justicia o tranquilidad después de tantos años”, manifestó.
La activista agregó que gracias a la experiencia acumulada en este tema, la CNDDHH está en capacidad de colaborar con sus propuestas y sugerencias a fin de que el Congreso tome cartas en el asunto.
Asimismo, dijo que el Equipo Peruano de Antropología Forense tiene profesionales de calidad que pueden avanzar en la identificación de los desaparecidos.
No obstante, consideró necesario poner este tema en la agenda política del país para lo cual también se requiere –dijo- una voluntad política del Congreso y la expresada en su momento por el Ejecutivo.
“Cuando se hizo la investigación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) se llegó a la conclusión de que había casi cuatro mil sitios de entierros clandestinos y es tal la cantidad de lugares que se necesita una propuesta integral porque demorará muchos años”, subrayó.
Dijo esperar que pronto el Congreso y su Comisión de Justicia apruebe el marco legal para impulsar este tipo de búsquedas y encontrar también las fosas clandestinas donde habrían miles de peruanos víctimas de la violencia política.
Según la desactivada CVR, serían alrededor de 10 mil las personas desaparecidas en el marco del periodo de violencia que inició el terrorismo entre 1980 y el año 2000.
En los últimos siete años se ha logrado recuperar e identificar a 600 víctimas, cifra que representa el cuatro por ciento del universo probable de víctimas.
En entrevista para el diario La República, Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, aclaró que los organismos de derechos humanos cuestionan todo tipo de terrorismo, venga del Estado o de grupos sediciosos, como Sendero Luminoso y el MRTA.
“Los comandos de Chavín de Huántar realizaron una acción valerosa durante el rescate de la residencia del embajador de Japón. Sin embargo, entre ellos se infiltraron los llamados “gallinazos”, que bajo el mando de Zamudio, Huamán Ascurra, Hermoza y Montesinos, cometieron ejecuciones extrajudiciales que deben investigarse”, dijo.
Lamentó que un grupo de personas considere que los defensores de derechos humanos son pro terroristas porque están contra las ejecuciones extrajudiciales de tres emerretistas capturados o rendidos, cometidas por un grupo de infiltrados.
“Es justificar una suerte de ‘limpieza social’ que no se puede aceptar, pues los derechos humanos son para todos, tanto de los emerretistas que fueron ejecutados en el operativo como de los policías y militares muertos o heridos en emboscadas terroristas”, refirió.
ACCESO A LA JUSTICIA
Por su parte, la abogada de Aprodeh, Gloria Cano –que representa a los familiares de los emerretistas ejecutados– explicó que la denuncia de la Comisión Interamericana no cuestiona al Operativo Chavín de Huántar, sino las ejecuciones extrajudiciales cometidas al final de la acción militar.
Indicó que el organismo supranacional considera que se violó el derecho al acceso de justicia, pues un caso de violaciones a derechos humanos se vio en el fuero militar y porque se ha dilatado demasiado la investigación, al punto de quebrarse dos veces el proceso.
Además, aclaró que Vladimiro Montesinos, Roberto Huamán Ascurra y Jesús Aliaga Zamudio fueron los que involucraron a los comandos, pues sus abogados pidieron que sean citados a declarar. “Lo hicieron para dar la sensación de que están siendo perseguidos cuando no es así”, agregó.
En una entrevista para Lamula.pe, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Rocío Silva Santisteban, se pronunció en contra de la inscripción del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) como partido político, ya que este se presenta como una organización cuyo objetivo es la amnistía, pedido que la CNDDHH rechaza.
Nosotros como CNDDHH consideramos que no puede haber una reconciliación sin justicia y sin memoria. Y lo que está proponiendo Movadef, así como algunos sectores militares que están vinculados con perpetraciones de derechos humanos, es la amnistía como olvido. Sin justicia para las víctimas. Y eso para nosotros es totalmente improcedente. Una amnistía general es una posibilidad para que los violadores de derechos humanos queden impunes.
Silva Santisteban señaló que lo que sucede con el Movadef es que sigue la propuesta que declaró Abimael Guzmán cuando fue capturado, que esto se trataba de un “recodo del camino”. Además, sostiene que la inscripción de este movimiento como partido político es una estrategia para seguir con una actividad y que puede cambiar y asumir la lucha armada.
